La pasada, fue sin duda la semana más violenta en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que exhibió como nunca la debilidad de los gobiernos federal, estatales y municipales ante los grupos de la delincuencia organizada, y la penetración y control casi absoluto que han logrado las mafias en las corporaciones policiales, e incluso de la milicia.
Paradójicamente, esa misma semana inició con el primer gran balance que hizo el Presidente y su gabinete de seguridad de la estrategia que han aplicado para atender la principal preocupación de los mexicanos que es la crisis de inseguridad y violencia que se padece en prácticamente todo el territorio nacional y desembocó el jueves con Culiacán en llamas y con el desconcertante episodio de capitulación del autollamado gobierno de la cuarta transformación ante el cártel de Sinaloa con la captura y posterior entrega de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, extraditado, sentenciado y preso en Estados Unidos.
Desde el lunes pasado, mientras el secretario de seguridad reconocía que no había nada que presumir de avances en la materia, pero que se había logrado mejorar ligeramente la percepción de seguridad en el País, al pasar de 79.4 a 78.9 en el primer trimestre de 2019 y que se había “detenido” el incremento en la tendencia al alza de los homicidios dolosos, en Aguililla, Michoacán, sicarios emboscaron y acribillaron a 13 policías estatales.
Al día siguiente en la comunidad de Tepochica, en Iguala, Guerrero, otro enfrentamiento dejó como saldo 14 presuntos delincuentes muertos y un soldado abatido, luego vino el ataque al hotel donde se hospedaban policías estatales en Acámbaro, Guanajuato, el jueves el bochornoso fracaso de Culiacán, que dejó saldo de 16 heridos, 5 presuntos delincuentes, un policía y un civil muerto, y por si fuera poco ayer terminó la semana con una batalla campal en la cancha del Estadio Alfonso Lastras invadida por los aficionados en el partido San Luis contra Querétaro.
Desde luego que lo que no sólo marcó esta semana de severa violencia, sino que marcará al sexenio de López Obrador, fue el operativo fallido del gobierno federal que llevó a la detención momentánea de Ovidio Guzmán, y el posterior sometimiento del Estado Mexicano ante el cártel de Sinaloa al verse superado en número de elementos y armamento, que los obligó a devolverles al detenido.
La mala planeación del operativo aceptada por las propias autoridades, la nula participación de la policía estatal de Sinaloa y la municipal de Culiacán para enfrentar la movilización de los vehículos de los sicarios que sometieron a los soldados, así como la información contradictoria que en forma tardía se dio desde el jueves mismo de parte del gobierno, dejan claro que nada se ha avanzado en este gobierno, sino que se ha retrocedido, en el combate al narcotráfico.
Nadie quiere más muertes, pero la claudicación que respaldó AMLO invocando los riesgos de la población y su doctrina de paz, lo único que provocará es envalentonar más a los mafiosos y darles impunidad pese a ser los principales responsables de la crisis de inseguridad que padece la población. Decía el estadista Winston Churchil “el que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y con la guerra”. Semana y 17 de octubre trágico.
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