Se han hecho largas en Catalunya las 96 horas que han transcurrido desde que el lunes el Tribunal Supremo dictara el fallo del juicio contra los dirigentes independentistas. Cuatro días en los que las movilizaciones han sido masivas, tanto en las concentraciones puntuales como en las marchas que salieron de diferentes puntos del territorio en dirección a Barcelona. Pero la semana también ha dejado, noche tras noche, disturbios en el centro de las capitales catalanas, en una espiral que ha ido a más.
Este viernes será el punto álgido de toda la semana. Con una huelga convocada por los sindicatos independentistas, las marchas de la ANC y Òmnium confluyendo en la capital y una manifestación que se espera que tenga la concurrencia de las diadas más importantes, este viernes instituciones y fuerzas policiales tendrán en Barcelona su particular prueba del nueve sobre su capacidad para mantener el orden en la calle.
A diferencia de lo que ha ocurrido en algunos de los paros convocados únicamente por sindicatos independentistas, y por lo tanto sin las grandes centrales sindicales de CCOO y UGT, este 18 de octubre sí se espera que haya afectación a la actividad económica. No tanto por la fuerza de la Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), los convocantes oficiales, sino porque algunas empresas han decidido paralizar su actividad para evitar problemas.
Es el caso de la SEAT, una planta que tiene 15.000 trabajadores, y que ha decidido cerrar su línea de producción en Martorell para garantizar "la seguridad de sus trabajadores". Además, una de las pacíficas marchas de ANC y Òmnium pasan por las inmediaciones de su instalación, provocando cortes de carreteras que acarrearían dificultades en la movilidad para los empleados y la logística de la empresa. Otras empresas seguirán el camino de SEAT, a lo que hay que sumarle el cierre del sector público y las universidades.
Las últimas huelgas independentistas han conseguido colapsar carreteras pero no los centros de trabajo, a excepción de la que derivó en "paro de país" el 3 de octubre, en protesta por las cargas de la policía en la jornada del referéndum. Si aquella huelga funcionó fue por la adhesión a la convocatoria de la CGT y fue vista con cierta simpatía por CCOO y UGT. Un dato relevante ya que en la huelga de este viernes es más que probable que se sumen sectoriales de la CGT por su cuenta pese a que su central no convoca oficialmente. Los estibadores del puerto de Barcelona también pararán.
Con la vista puesta en una afectación elevada de los paros, la Generalitat ha fijado este miércoles los servicios mínimos, imponiendo una obligación de entre el 25 y 33% para la mayoría de los servicios, como los centros médicos, la educación obligatoria, el metro y autobús urbanos (TMB), los servicios de Cercanías (Rodalies Renfe) y los Ferrocarrils FGC. Con todo, en las horas puntas los transportes llegarán al 50% y los servicios sanitarios de urgencias funcionarán en la forma habitual.
Más complicado que ordenar la actividad económica y los servicios está resultando garantizar el orden público tras las manifestaciones. Después de los incidentes de la noche del miércoles, los más graves hasta la fecha, el jueves el Govern consolidó un gabinete de seguimiento que ya se había reunido el día anterior, con la presencia de Torra, Aragonès, la consellera portavoz, el del Interior y otros. Una estructura desde la que se monitorizarían cada una de las manifestaciones y concentraciones, muchas de ellas espontáneas o autoconvocadas mediantes redes sociales, con especial cuidado de las que se celebran entrada la noche.
Este jueves por la tarde, además, Torra convocó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, con el objetivo de preparar juntos el dispositivo de seguridad del viernes. En la reunión los representantes de las tres instituciones han podido hacer un seguimiento de las últimas marchas y han puesto en común sus prioridades ante una jornada que se teme que pueda ser la más complicada de la semana. La presencia de Colau y Cunillera junto al Govern ha generado además la imagen de unidad política entre los máximos responsables de todos los cuerpos policiales que operan en la capital catalana.
