En la posguerra –interminable posguerra reanimada boca a boca– española había cárceles, pero también se le llamaban penales para no esconder sus sentido árido, duro como el pedernal. El penal de Ocaña, Burgos, El Dueso... Quedaba muy lejos del alegato de Concepción Arenal «odia al delito y compadece al delincuente». La rehabilitación del condenado es el objetivo de toda pena, pagar una deuda con la sociedad. El delito se paga con libertad –lo más preciado–, pero no con el maltrato. Claro está que no en todos los países se aplica esta filosofía, de manera que la condena se entiende como un suplicio, siempre acorde con su calidad democrática. Estados Unidos y El Salvador son los países con más población penitenciaria, pero no es lo mismo cumplir una condena en el Penal de la Esperanza de San Salvador que en la de San Quintín, California, por más invulnerable que sean sus muros y se siga suministrando inyección letal. Cuba, que ocupa la sexta posición mundial, con 57.337 –y 11,2 millones de habitantes–, tiene casi los mismos presidiarios que España: 59.400. Al Estado, cada preso le cuesta entre 60 y 65 euros diarios, 1.800 al mes.
