Un juez federal suspendió este viernes una nueva norma de Seguridad Nacional de Estados Unidos para descartar a inmigrantes que son propensos a depender de los beneficios del Gobierno hasta que haya una decisión final sobre la legalidad de la llamada prueba de patrimonio para obtener la tarjeta de residencia.
George Daniels, juez de distrito de EU en Manhattan dijo que la norma, que entraría en vigencia el 15 de octubre, no se puede implementar en todo el país.
La norma, anunciada en agosto, remplaza una política actual que dice que los inmigrantes no deberían recibir más de la mitad de sus ingresos en beneficios en efectivo, como la asistencia temporal para familias necesitadas o ingresos de seguridad suplementarios del seguro social.
Según la nueva definición más integral, se supone que los inmigrantes no deben usar beneficios públicos como Medicaid, asistencia de vivienda pública o cupones de alimentos durante más de 12 meses en un período de 36 meses.
Funcionarios de inmigración considerarán la edad, salud, educación y patrimonio de un inmigrante para determinar si podría convertirse en una “carga pública”.
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y varios estados han argumentado que la nueva norma entra en conflicto con las leyes de inmigración existentes y aumentaría el costo de proporcionar atención médica y otros servicios a los inmigrantes.
Daniels bloqueó la norma tras una demanda de agosto presentada por los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont y la ciudad de Nueva York, que alegaba que la política apuntaba específicamente a inmigrantes de color. Él dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional había ido más allá de su autoridad bajo la ley federal de inmigración.
“Los acusados no expresan por qué cambian la definición de carga pública, por qué esta nueva definición es necesaria ahora, o por qué la definición establecida en la norma, que no tiene absolutamente ningún respaldo en la historia de la ley de inmigración de Estados Unidos, es razonable”, señaló Daniels, tildando la norma de “repugnante al sueño estadounidense de oportunidad de prosperidad y éxito a través del trabajo arduo y la movilidad ascendente”.
Se espera que un juez federal en Oakland, California, se pronuncie pronto sobre otros desafíos legales a la prueba de patrimonio.
