«Es lo único que nos faltaba para rematar la faena. Sería el declive y la degradación absoluta del PAU de Villa de Vallecas». Eso dicen los miembros de la Asociación del Ensanche de Vallecas Este (AEVE) y muchos residentes. Aluden, de un lado, al temor que tienen ante el posible desembarco del clan de traficantes de drogas de Los Gordos, procedente de La Cañada Real Galiana en el mastodóntico edificio situado entre los números 2 y 16 de la calle del Embalse del Vellón. Se trata del «punto más negro y conflictivo» del barrio que perteneció en su día al extinto Ivima y ahora es propiedad de la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Y de otro lado, se refieren a la última oleada de okupaciones que se produjo la semana pasada en la finca, una especie de «ruedo» de rejas, cemento y ladrillo rojo que parece una cárcel. «En un solo día hubo dos usurpaciones y el sábado otra tentativa que frustró la Policía Nacional porque se presentó antes de que se consumara», indicó Isabel Mena, presidenta de la entidad.
Ante estos últimos episodios se ha desatado la alarma y el miedo entre los residentes. Por eso, ayer comenzaron a movilizarse a través de las redes sociales para difundir y hacer visible la situación en la que se encuentran con el fin de que las administraciones actúen. «Queremos que se implique en esta campaña todo el mundo, desde las pymes hasta los centros comerciales. Si esta zona se convierte en un gueto, el ensanche se irá a pique». Así lo explicó Francisco (nombre ficticio), miembro activo de la asociación que prefiere quedar en el anonimato. No se siente seguro. De no obtener ninguna respuesta, llevarán sus protestas a la calle.
En cuanto a la mudanza del clan de Los Gordos a ese inmueble, bautizado como «el ruedo del Vellón», AEVE asegura que tienen constancia de ello. De ahí que la semana pasada lo pusieran en conocimiento de la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad, de la Junta Municipal de Distrito y de la Policía Nacional y Municipal. «Antes eran rumores pero ahora los ‘conseguidores’ de los pisos, es decir, los mafiosos encargados de facilitar las viviendas vacías o deshabitadas a los usurpadores a cambio de dinero en esa finca, lo han pregonado claramente», afirmaron tanto Mena, como Juan, portavoz de la entidad que prefiere omitir su apellido. No quiere exponerse.
Según los datos que maneja AEVE, de las 245 viviendas del inmueble del Embalse del Vellón repartidas en ocho portales de siete plantas cada uno, ahora hay 35 viviendas usurpadas, cinco más que en junio. «Entre los okupas que vienen y van y los inquilinos legales pero conflictivos tenemos 85 familias que convierten la vida del resto de la comunidad en un infierno», recalcaba Mena. Aseguraba que los okupas por necesidad son escasos. Peleas, trapicheo de estupefacientes, vandalismo en el edificio, fiestas con toque de guitarra y palmas de madrugada y un reguero de basura en mitad de la calzada que impide el paso son algunos de los efectos causados por esos vecinos incívicos.
«Al tráfico de drogas se suma el de pisos y el de presidentes de fincas, pues algunos se encargan de la ‘apertura de puertas’ a cambio de unos cuantos euros», precisaba Mena. Los usurpadores suelen ser gitanos y magrebíes, aunque en los últimos casos fueron mujeres sudamericanas con niños. «La joven de la tentativa del sábado fue detenida por suerte. No sabemos de dónde era», aseveraba Francisco. «Parecía una película. Llegaron seis coches de la Policía Nacional a toda velocidad. Ni que estuvieran matando a alguien», subrayaba un residente que decía: «Aquí todo el mundo respeta las normas. Claro que hay okupas pero la culpa la tiene el Ivima». En eso coincidía con otros residentes y con AEVE.
Vigilancia las 24 horas
«Queremos que la Comunidad ponga vigilancia las 24 horas. Su coste es inferior al de las usurpaciones. Ya está bien de mirar hacia otro lado». Mientras, el Gobierno regional negó que no cuide su patrimonio y recalcó que cada vez que tiene conocimiento de una usurpación lo pone en conocimiento de la Justicia para que actúe y se proceda al desalojo. «No se puede tener un vigilante en cada piso. La Comunidad tiene 23.500 y hay 2.000 okupados. ¿Quién debe pagar esa vigilancia?», interpeló. «Tendrían que pagarla ellos», replicaron los afectados.
Ayer, varios operarios tapiaban la ventana por la que se intentó colar la familia el sábado mientras dos vigilantes de seguridad supervisaban la entrega de una casa, según su relato. «Hay más Policía los últimos días. Es lo único que hemos notado», explicaban los vecinos.
