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Calificado por organizaciones de derechos humanos como “instrumento de persecución política”, el servicio de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro comanda la ofensiva contra parlamentarios venezolanos acusados por el fallido levantamiento militar que encabezó el líder opositor Juan Guaidó.
Oenegés y organismos de defensa de los derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas e incluso homicidios vinculados al organismo. ¿Qué es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)?
Fue creado el 1 de junio de 2010 por el presidente Hugo Chávez en reemplazo de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). El mandatario, fallecido en 2013, prometió que sería “vital” contra la inseguridad.
El pasado miércoles, agentes del SEBIN arrestaron de forma cinematográfica a Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, por la rebelión que el 30 de abril lideró Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países.
Interceptaron su camioneta en Caracas y la remolcaron con una grúa ante su negativa a entregarse. Otros nueve legisladores son procesados por la rebelión.
El 13 de enero, en un confuso incidente, funcionarios del organismo detuvieron durante una hora a Guaidó cuando se dirigía a un mitin. Tras la liberación, Maduro dijo que eran “traidores” al servicio de un “show mediático”. Cuatro agentes fueron destituidos.
El SEBIN también ha estado involucrado en la detención de periodistas como los franceses Pierre Caillé y Baptiste des Monstiers o el alemán Billy Six, ya en libertad.
Según sus estatutos, la principal atribución del SEBIN es “ejecutar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado”.
Su área de influencia abarca la lucha antidrogas y contra el crimen organizado.
Sin embargo, desde su creación “ha sido un instrumento de persecución por motivos políticos”, dijo a la AFP Gonzalo Himiob, directivo de la ONG Foro Penal, que cifra en 857 los “presos políticos” en Venezuela.
Durante protestas en 2014 y 2017, que dejaron unos 170 muertos, los calabozos del SEBIN fueron el principal destino de manifestantes detenidos.
Su número de agentes es confidencial. La ONG Una Ventana a la Libertad, defensora de derechos de reclusos, estima que tiene unos 2.000 funcionarios entre personal policial y administrativo.
Documentos de la vicepresidencia, a la que está adscrito, fijaron como línea de acción del ente “garantizar la continuidad” de la “Revolución Bolivariana”.
El mismo día de la fracasada insurrección, Maduro anunció que el general Gustavo González López -sancionado por Washington- retomaba la dirección del SEBIN. Ya lo había dirigido entre 2014 y 2018.
Cristopher Figuera, quien ocupaba el cargo desde el 31 de octubre pasado, participó en la rebelión y desertó. El mandatario socialista lo tilda de “topo” de la CIA.
El fin de la anterior etapa de González López estuvo marcado por la muerte el 8 de octubre del concejal opositor Fernando Albán, detenido por la explosión de drones cargados de explosivos en un acto que presidía Maduro.
Albán, según el gobierno, se suicidó lanzándose del piso diez de la dirección general del SEBIN; pero la oposición denuncia que fue arrojado tras fallecer durante un interrogatorio.
Ubicado en Caracas, es el cuartel operativo y mayor centro de detención del SEBIN. “Era el infierno”, declaró a la prensa el exiliado activista Villca Fernández, quien estuvo preso allí dos años y medio.
Ideado en 1956 como un centro comercial, con hotel de cinco estrellas y helipuerto, El Helicoide es un monumental edificio piramidal construido sobre un morro. El proyecto se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).
Pero las obras se paralizaron en 1961. Tras décadas de abandono, la DISIP se mudó allí en 1986.
“Un centro comercial convertido en cárcel”, señaló a la AFP Carlos Nieto, director de Una Ventana a la Libertad.
Según esa ONG, en el pico de las protestas de 2017 El Helicoide tuvo 340 detenidos en celdas con capacidad para 80.
Nieto denuncia torturas que incluían golpizas, choques eléctricos o asfixia con bolsas impregnadas de insecticida.
Rodolfo González, un piloto detenido en las manifestaciones de 2014, se ahorcó allí en marzo de 2015.
El gobierno, que niega tener presos políticos, impulsó en los últimos años la liberación de decenas de opositores como un gesto de “reconciliación”.
Un grupo de expertos designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) documentó el año pasado 1.300 “presos políticos” y -desde 2013- unas 12.000 “detenciones arbitrarias”, en un informe que asegura que en Venezuela se han cometido “crímenes de lesa humanidad” desde 2014.
La dirección general del SEBIN funciona en una torre diseñada para albergar oficinas del metro, en Caracas.
Aunque el gobierno niega que exista, activistas y presos liberados denuncian que en sus sótanos está un pequeño centro de detención, con siete celdas, conocido como La Tumba. Según Nieto, los presos allí son sometidos a aislamiento sin luz solar y a baja temperatura.
AFP
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