El Gobierno aprobará mañana en Consejo de Ministros la mayor oferta de empleo público desde 2008, superando las 31.000 plazas aunque no rebasará el hito de la de 2008 cuando se convocaron 35.895 plazas para la Administración del Estado justo antes del estallido de la crisis. Así lo señalan fuentes del Ejecutivo que precisan que también se presentará mañana un estudio que detecta las necesidades de empleo en la Administración a diez años vista, para así dejar sentadas las bases para futuras convocatorias y hacer «una verdadera política de recursos humanos, algo que nunca se ha hecho en las plantillas públicas». Todo ello, a escasas cuatro semanas de las elecciones generales, todo una declaración de intenciones políticas.
De esta forma, la oferta de empleo público superará las 30.865 plazas que se convocaron el año pasado y, como apuntan estas fuentes, permitirá crear empleo neto, una de las demandas de los sindicatos con los que se está negociando de cara a llegar a un acuerdo antes de mañana. Si bien no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones, la Comisión Técnica de Empleo puede firmar un pacto y que el organismo superior lo rubrique a posteriori de ser aprobado.
CC.OO, CSIF y UGT están ahora reunidos con el director general de Función Pública y han arañado que en la AGE se cfeen 19.688 plazas, más que ayer, siendo de 11.338 de acceso libre y el resto de promoción interna. Estas fuentes también precisan que la Agencia Tributaria conseguirá el aumento de plantilla que consignaban los Presupuestos de 2019, así como otros departamentos. El acuerdo de empleo público que firmó el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro en 2018 incluía una tasa de reposición del 75% con carácter general, que ascendía al 100% si se cumplía el déficit –algo que el Estado no hizo el año pasado– pero que asciende al 115% en servicios prioritarios como lucha contra el fraude, fuerzas y cuerpos de seguridad, Empleo, Seguridad Social, Sanidad y Eduación.
El Gobierno negocia con los sindicatos las plazas para un decreto que incluirá hasta siete anexos, para así aunar la aprobación de las convocatorias a un año y medio vista de Administración General del Estado, policía, guardia civil, entes públicos, hospitales militares. Junto a esta oferta, eso sí, irá un estudio de las necesidades de la plantilla pública central para los próximos diez años, atendiendo a la elevada edad media de los funcionarios y el ritmo de jubilaciones.
CSIF calcula que en los próximos cuatro años se retirarán más de 31.000 trabajadores del Estado, y que más de 3.000 superan los 64 años. El estudio que mañana presentará la ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas, Meritxell Batet, servirá de guía para las futuras ofertas de empleo público pero también dará estabilidad a los opositores, señalan estas fuentes.
El corsé de la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2018 impedirá, eso sí, rebasar la convocatoria récord que hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en enero de 2008, a dos meses de las elecciones. El Gobierno alega que pese a que aumentará el empleo no lo hará así el gasto, ya que los trabajadores que se retiran cobras más que los que entran por los derechos adquiridos a lo largo de su vida laboral.
