En una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador presidente electo de México, los 12 gobernadores del Partido Acción Nacional, comentaron estar en contra de la decisión del presidente electo, de mantener a las Fuerzas Armadas, además solicitaron que no imponga en los estados a los “súpercoordinadores” de seguridad.
“El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro”, señalaron los gobernadores.
En la carta, afirmaron estar en completa disposición a cooperar con las autoridades federales, ya que la colaboración no debe ser vista como “sometimiento de los órdenes locales”.
“Nuestros gobiernos colaborarán, en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales. Pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar, como es nuestro caso".
Asimismo declararon que en materia de seguridad se debe abordar bajo una óptica estrictamente institucional esto para hacerla un campo de neutralidad política.
“La colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político electorales, para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas, considerando en ello factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, eficiencia, secrecía, profesionalismo".
También manifestaron estar sorprendidos por la intención de el mecanismo de coordinación a la figura de los Coordinadores Estatales del Gobierno Federal, y situar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros invitados.
“Por ello nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados Coordinadores Estatales del Gobierno Federal, y colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”, indicaron los panistas.
Por otra parte, a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles como la estrategia de seguridad de Andrés Manuel, los funcionarios reconocieron los trabajos que realizan para garantizar la seguridad de los mexicanos.
Insistieron en que los primeros que deben responder ante la violencia son los políticos, quienes fueron elegidos por la ciudadanía, por lo que debe mejorar la policía civil.
“La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes sino el último recurso del Estado para preservarse; los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad. No podemos pedir más a las fuerzas armadas de manera indeterminada si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales y especialmente estatales y municipales”, expusieron.
Afirmaron que, “el camino para resolver el gran pendiente de la seguridad es, por un lado, atender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado y, por otro lado, fortalecer las capacidades civiles de policía, investigación, procuración de justicia y reinserción social”.
El documento fue firmado por Martín Orozco Sandoval, Gobernador de Aguascalientes; Francisco Arturo Vega de Lamadrid, de Baja California; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Antonio Echevarría García, de Nayarit; José Antonio Gali Fayad, de Puebla; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín González, Quintana Roo; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán.
