En los límites de las historias judiciales hay un cierto orden cerrado. En el ámbito del «caso Mercasevilla», en el que se investigó una presunta mordida de 450.000 euros solicitada a unos empresarios como condición para gestionar la escuela de hostelería de la sociedad mixta que dio nombre a la causa, el Tribunal Supremo (TS) rechazó en octubre de 2014 los incidentes de nulidad planteados por Fernando Mellet, ex gerente de la mencionada entidad, y Daniel Ponce, ex director adjunto de la misma. Confirmó la condena a ambos de 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa por un delito de cohecho, con 12 meses de arresto sustitutorio en caso de impago en lo relativo en concreto a Ponce, quien ya sabe que hay novedades sobre su situación procedentes de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.
En un auto, fechado el pasado 15 de noviembre y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el tribunal provincial hace referencia al fallo relativo a su pena y expone que el ex directivo de Mercasevilla ha abonado «en concepto de multa» sólo 28.385,32 euros, a lo que añade que ha sido declarado insolvente por un decreto datado el mismo día. La Audiencia recuerda que el artículo 53 del Código Penal establece que si el condenado no satisficiera voluntariamente, ni por vía de apremio, la sanción impuesta, «quedará sujeto a responsabilidad personal subsidiaria» y concluye que en este caso «procede dar cumplimiento» a la misma. Fija en «342 días» la derivada del «impago de la totalidad de la multa con la que se gravó a Ponce y deja constancia de que queda «pendiente de satisfacer la cantidad de 571.614,68 euros». «Siendo la prisión derivada del impago de la totalidad de la multa impuesta no superior a dos años –se remata en la resolución judicial–, y en orden a la suspensión de la ejecución de la pena, recábese hoja histórico penal actualizada» del afectado.
Y no es la única resolución relativa al que fue patrimonio del ex director adjunto de la lonja sevillana que ha tomado el tribunal provincial. En otro decreto adjudica un turismo marca Jeep, modelo Grand Cheroke, que se ha sacado a la venta en subasta pública para cubrir el abono de las responsabilidades civiles pendientes del condenado. Con todo, poco ha podido contribuir a ello con la puja del mencionado automóvil, dado que, como recoge la Audiencia, éste se ha tasado en 6.800 euros y finalmente fue asignado a la mejor postora por un total de 5.576.
Señalado por un funcionario y empresarios «sobornados»
El Tribunal Supremo (TS) consideró que las declaraciones testificales prestadas por dos empresarios «sobornados» y por un funcionario eran «suficientes» para acreditar la «autoría» tanto de Ponce como de Mellet con respecto «al núcleo de la acción delictiva» que se investigó en el llamado «caso Mercasevilla».
