La ingeniería fiscal desarrollada por las grandes tecnológicas durante los últimos años no ha pasado inadvertida para las instituciones europeas. De hecho, el impuesto planteado por el Gobierno a estas compañías no es más que la aplicación de un proyecto de directiva aprobado por la Comisión Europea hace poco más de un mes. Una medida secundada por Italia, Francia o Portugal.
La respuesta del sector tecnológico a esta medida no se ha hecho esperar. La Computer & Communications Industry Association (CCIA), una organización que representa a empresas como Apple, Facebook o Amazon a nivel europeo ya ha denunciado que este impuesto es «discriminatorio» y «perjudicial para la economía digital europea».
Se trata de un argumento que comparte José Luis Zimmermann, director general de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), quien también considera que los nuevos impuestos «deberían aplicarse sobre los beneficios, no sobre la facturación», porque hay compañías que poseen márgenes realmente estrechos. Además, el director general de Adigital advierte de que la tasa Google repercutirá en el usuario y en «muchas pymes que actualmente utilizan estos marketplaces para vender sus productos fuera de España», por lo que puede terminar siendo «un impuesto a la exportación».
Fuentes internas de estas empresas van un paso más allá y aseguran que este tipo de impuestos van en contra «de los intereses a largo plazo de la economía de la Unión Europea», ya que lastrarán la inversión y el crecimiento de la economía digital, un sector «dinámico» que está creando cientos de empleos en el Viejo Continente. Estas mismas fuentes defienden la implantación de medidas a nivel internacional, tal y como señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Lo cierto es que esta organización también se ha planteado la implantación de un impuesto que obligue a las tecnológicas a tributar en el país en el que generan sus beneficios, ya que muchas de ellas se sirven de resquicios legales para obtener una tasa impositiva muy por debajo de la media. Un sistema que ya ha sido condenado por Bruselas, que ha obligado a Apple a pagar 13.000 millones por los impuestos que se ahorró gracias a las ventajas fiscales de Irlanda.
A ello se une el conflicto registrado entre algunas de estas compañías y distintos grupos de editores del Viejo Continente que, por ejemplo, en Francia se saldó con una indemnización de Google a estos últimos por valor de 60 millones de euros.
