El Gobierno Herrera, a través de su Plan de Inserción Socio-Laboral, ha impulsado más de 11.800 contrataciones de personas vulnerables en su primer año.
La iniciativa, puesta en marcha por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades busca que «nadie se quede fuera de la recuperación económica», dijo la consejera Alicia García, quien busca así «romper el bucle de la exclusión social y evitar la cronificación de la pobreza a través del empleo».
La mayor parte de los contratos conseguidos con el Plan fueron temporales y de ellos más de la mitad fueron empleos protegidos en Centros Especiales y entidades de inserción. Además, un millar de contrataciones se dieron en empresas privadas, entre las que destacan 503 contratos a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, 232 a personas en riesgo de exclusión y 16 a mujeres víctimas de la violencia machista.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 369 millones para todo el periodo 2016-2020, destina el 40 por ciento de sus recursos a la formación y capacitación de estos colectivos, con el que organizó el pasado año más de 14.000 acciones formativas con 84.000 participantes, el 20 por ciento de los cuales fueron inmigrantes, casi 5.000 eran preceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, 766 mujeres en situación de vulnerabilidad, 4.000 personas con discapacidad y mil jóvenes.
García recordó que se han incorporado claúsulas sociales al 75 por ciento de los contratos licitados por la administración autonómica pero apostó por primar no solo a las empresas que van a contratar a personas en riesgo de exclusión, sino a las que ya tienen en sus plantillas estos perfiles.
Finalmente, la consejera mostró su satisfacción con los resultados del primer año del Plan que, en su opinión, ha permitido reducir el índice de pobreza en Castilla y León en 2,7 puntos desde el año 2014, hasta situarse en el 17,7 por ciento, lo que sitúa a la Comunidad con los menores índices de España.
