Los grupos de la oposición en las Cortes han registrado una batería de alrededor de 2.500 enmiendas al proyecto de la Ley de Presupuestos de Castilla y León, tras ser rechazada el pasado martes por PP y Ciudadanos, la modificación a la totalidad planteada por PSOE, Podemos e IU.
Era el Grupo Socialista el primero en presentar las suyas, por medio del portavoz adjunto, Javier Izquierdo, y del secretario general, José Francisco Martín. En total, 723 por un importe total que asciende e a 224 millones. Respecto a a su propuesta fiscal alternativa, Izquierdo ha destacado la necesidad de aumentar la progresividad además de una enmienda que persigue modificar el Impuesto sobre la afección medioambiental para excluir de su pago a los parques eólicos en sus primeros cinco años de existencia.
Podemos ha sido el grupo que ha registrado un mayor número de ellas, un total de 929, por un importe de unos 300 millones de euros. Su portavoz, Pablo Fernández, se ha quejado de la «discrecionalidad» que se reserva la Junta a la hora de realizar determinados desembolsos presupuestarios al no estar territorializadas más del 50 por ciento de las inversiones, lo que en su opinión dificulta el control del estado de ejecución de las partidas.
Por el Grupo Mixto, el portavoz de IU, José Sarrión, ha anunciado que defenderá 643 enmiendas por un importe que alcanza los 490 millones de euros. Los objetivos principales serán «combatir el paro y la precariedad laboral, además de pedir que haya menos privatizaciones».
Ciudadanos, por su lado, ha registrado 190 modificaciones a los Presupuestos, por un importe de 46 millones de euros, para pedir más avances en Educación, Sanidad, infraestructuras y servicios públicos.
Mientras, Luis Mariano Santos, del Grupo Mixto, ha anunciado un centenar de medidas para rescatar «olvidos presupuestarios de la Junta».
Por último, el Grupo Popular ha llevado 17 enmiendas al Proyecto de Ley, con el objetivo de continuar en la senda de rebajas impositivas; mejorar las infraestructuras sanitarias, potenciando la colaboración con las organizaciones del tercer sector, y el trabajo de los empleados públicos.
