El Gobierno aplica el 155 por «desobediencia rebelde y consciente» de la Generalitat
El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de la Generalitat a las obligaciones que le imponen las leyes y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España.
Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.
El texto de esa exposición de motivos subraya que el artículo 155 del texto constitucional configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación. El primero de ellos es que la comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y el segundo que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España. "Ambos concurren en el presente caso", asegura el Gobierno, que recuerda que el 155 faculta al Estado a adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir el daño al interés general, respetando en todo momento la existencia de la comunidad autónoma, sus instituciones y su estatuto. Subraya el Ejecutivo el "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de las obligaciones constitucionales de los dirigentes de la Generalitat.
Algo que considera que ha ocurrido con la puesta en marcha de un proceso de secesión "con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afectando gravemente al interés general de España".
Con la aplicación del 155 el Gobierno busca cumplir cuatro objetivos. En primer lugar, "restaurar la legalidad constitucional y estatutaria" en Cataluña. "Es éste un cometido irrenunciable desde la constatación de que las autoridades autonómicas han ignorado la legalidad vigente, tanto cuando han contravenido abiertamente sus disposiciones, como cuando han intentado alterar sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello".
En segundo lugar, "asegurar la neutralidad institucional, de forma que el interés general de los catalanes sea, en todo caso, el principio rector de sus responsables públicos por encima de los intereses políticos. Ese interés general, en el que confluyen los grandes acuerdos sociales sobre el bien común, debe ser el elemento inspirador de las políticas públicas, más allá de los diferentes posicionamientos políticos".
En tercer lugar, "responder de forma debida al interés general de todos los catalanes implica que sea objetivo irrenunciable de estas medidas garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica".
El último de los objetivos que justifica y fundamenta las medidas propuestas, "es preservar los derechos de todos los catalanes. Los derechos que las leyes les otorgan y que las instituciones deben hacer efectivos".