El problema de la vivienda ha conseguido lo que parecía imposible: llevar a Pedro Sánchez ante el plebiscito de las urnas. Sin embargo, es cierto que lo ha hecho a su manera, eligiendo los tiempos y manejando el discurso. Así ha sido desde el mismo anuncio del adelanto electoral del pasado 5 de octubre. Unas palabras desde su atril de Moncloa que cumplen justo un mes, cuando ya se ha superado el ecuador de la precampaña y el domingo de elecciones no se ve tan lejano. Sin embargo, mucho ha cambiado la historia desde entonces. Los casos de multipropiedad en el partido y en el Gobierno y la tragedia de Urda han vuelto a llevar al PSOE a su peor momento en cuanto a intención de voto se refiere. Ahora será tarea de los españoles elegir qué modelo prefieren. Y es precisamente sobre modelos sobre lo que se debate mucho estos días. Algunos alzan la vista para ver cómo lo hacen otros países de Europa. O las comunidades autónomas se comparan entre ellas. Sin embargo, hay quienes prefieren cerrar los ojos para hacer memoria y recordar cómo han sido otros modelos de vivienda en la historia de España. Y hay uno que resurge con especial fuerza, el que se puso en marcha durante una etapa del franquismo, tal y como recordaba Manuela Carmena en su paso por el programa 'Las abogadas & compañía', de RTVE. A finales de la década de los 50 se puso en marcha el modelo urbanístico que ha desembocado, con muchas transformaciones, en lo que conocemos actualmente. Su padre fue José Luis Arrese, ministro de Vivienda de la época, y quien pronunció frente a las Cortes una frase que pasaría a la historia. «Queremos una España de propietarios y no de proletarios». Esta proclama lideró una de las ramas más fuertes de la España del desarrollismo y supuso una vía para el régimen de alcanzar la estabilidad social. Además, servía para transformar un modelo de conciencia de clases y conflictividad social en uno de propietarios que le daban valor a su patrimonio. Mediante este nuevo modelo, millones de personas abandonaron el campo y se instalaron en las grandes ciudades y en la periferia. Y, poco a poco, se fue solucionando el problema de la falta de viviendas que padecía España tras la Guerra Civil. Aquella situación era, en cierto modo, similar a la actual. Por ello, la exalcaldesa de Madrid comparaba las dos épocas. «Curiosamente, durante todos esos años, se construyeron tantísimas casas que realmente la gente tenía posibilidad de tener una». Ahora, uno de los problemas que más urge resolver es, precisamente, la falta de construcción. Y la solución pasa por volver a ser una potencia en el sector como años atrás. «Hemos sido pioneros en la industria de la construcción». Otro de los grandes problemas de la actualidad es la inseguridad en todos los frentes. Los inquilinos, por miedo a perder la vivienda en la que residen, generalmente de alquiler. Y los propietarios, por falta de seguridad jurídica si tienen un problema con sus arrendadores. Por ello, Carmen recordaba cómo en aquella época se tomaron decisiones extraordinarias para intentar solucionar una situación que era sumamente complicada. A grandes males, grandes remedios. Entre la década de 1940 y el final de la dictadura, en España se construyeron millones de viviendas gracias a la intervención gubernamental. Muchas de ellas estuvieron sujetas a protección oficial o contaban con financiación pública. Y así fue como, poco a poco, fueron creciendo los barrios obreros caracterizados por viviendas uniformes de igual aspecto. La conocida como 'la España de los toldos verdes'. Así, muchas familias abandonaran las infraviviendas y accedieron a una casa aunque algunos barrios nacieran alejados del centro. Este proyecto surgió bajo la directriz del Instituto Nacional de Vivienda, creado en 1939, desde donde se crearon iniciativas como la Obra Sindical del Hogar o la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954. A través de esta última, empresas privadas accedían a terrenos y licencias para construir viviendas asequibles para trabajadores con unas condiciones de venta o alquiler controladas por el Estado. El Gobierno determinaba los precios máximos, las dimensiones, las características mínimas de los inmuebles y se fijaba un periodo durante el que debían mantenerse protegidos. Y estas empresas obtenían ventajas fiscales, créditos y otras facilidades administrativas. Así se consiguió aumentar la oferta y satisfacer una buena parte de la demanda. Además, Manuela Carmena también destacó otras medidas relacionadas con el mercado del alquiler como la retención de las rentas. «Franco protegía mucho a los inquilinos porque en aquella época se congelaron absolutamente todas las rentas de alquiler porque eran conscientes de que no había viviendas». Gracias a aquella medida que afectaba sobre todo a los contratos más antiguos, muchos inquilinos pudieron permanecer en sus casas pagando rentas por debajo del precio de mercado, dando así estabilidad a muchas familias en tiempos de crisis. «La antigua Ley de alquileres impedía que tuvieran plazo. Aquello fue muy interesante», recordaba también Carmena en una entrevista con 'Periodista Digital'. «Mantener los contratos de manera permanente hizo que los propietarios no tuvieran mucho interés en tener sus viviendas en alquiler, pero facilitó mucho que la gente pudiera vivir en esas condiciones». «Es bonito decir la verdad y creo que la ley Boyer fue un error extraordinario. Se podía haber buscado otra medida como darles exenciones o darles ayudas a quienes no pudieran mantener su alquiler. Pero liberalizar como se liberalizaron los arrendamientos creo que fue un error».
