Una ida sin vuelta, por Nicolás Ayala Badillo
Se publicó la ley de delegación de facultades al Ejecutivo: la primera en estrenar el trámite bicameral, y lo hizo con tropiezos.
Empecemos señalando el error más evidente: “El Senado de la República ha dado la ley siguiente” cuando debió decirse que es el Congreso el que aprueba las leyes. No obstante, el vicio viene de la propia reforma constitucional, que encargó al presidente del Senado —y no al del Congreso, en turno— remitir la autógrafa al Ejecutivo. Un texto que confunde a quien cierra el trámite con quien dicta la ley.
El segundo problema, de diseño, es más serio. El sistema prevé que todo proyecto entra por Diputados y termina en el Senado, pero el propio Reglamento de la cámara “alta” le prohíbe “desnaturalizar” lo que recibe. ¿Qué debe entenderse por “desnaturalizar”? ¿Implica cambiar un artículo, reordenar el texto, corregir un vicio o incluir nuevos considerandos? El trámite evidenció una paradoja única: una cámara revisora que no puede revisar.
La bicameralidad existe para que dos cámaras estudien mejor una ley y que, en el camino, se pongan de acuerdo. Por eso los sistemas serios prevén salidas al choque: la navette o lanzadera, que lleva el texto de ida y vuelta entre ambos cuerpos, o comisiones de diputados y senadores, que concilian un texto para que lo voten ambos cuerpos. Aquí diseñaron un viaje de ida sin vuelta. Al maniatar al Senado, no se protege a los diputados: se vacía de sentido al modelo.
Pudimos ahorrarnos este problema: los vicios estaban a la vista desde 2024, aunque ciertos constitucionalistas hicieron comparsa a la reforma y la bendijeron. Hubo prisa política y hoy falta humildad para reconocer el error. No hay que olvidar que quienes ayudan a diseñar instituciones deben aspirar a la vocación de estadistas: pensar en el bien común de largo plazo, no en el aplauso inmediato ni en la conveniencia del momento.
Hoy no hay votos para consensuar otra reforma constitucional que arregle este diseño, pero sí hay margen reglamentario. Tal vez bastaría con potenciar las conferencias bicamerales —figura ya presente en los Reglamentos— que, ante discrepancias, emitan un dictamen coordinado y lo sometan a votación en ambas cámaras. No es la solución ideal, pero devuelve a la ley lo que la reforma le quitó: la vuelta