En España se ha producido un fuerte conflicto político y social alrededor del problema de la vivienda en los últimos meses, especialmente por el precio de los alquileres y la dificultad que tienen muchas personas para encontrar una vivienda que puedan pagar. Ante las protestas y la presión social por esta situación, el Gobierno aprobó a finales de septiembre dos reales decretos-ley relacionados con la vivienda y los alquileres. Aunque estos decretos llegaron a publicarse y estuvieron vigentes durante unos días, finalmente fueron llevados al Congreso y no consiguieron los votos necesarios para ser convalidados. El 2 de octubre fueron rechazados y, por tanto, quedaron derogados . El contenido de estos decretos provocó un gran debate porque afectaba directamente a la relación entre propietarios e inquilinos. Una de las cuestiones que más preocupación generó entre algunos propietarios era que las nuevas medidas aumentaban la protección y estabilidad de las personas que ya estaban viviendo de alquiler, haciendo más difícil para el propietario recuperar la vivienda o decidir libremente cuándo terminar los contratos. También se planteaban cambios en los plazos de renovación y en determinadas situaciones en las que el propietario podía tener que compensar al inquilino. Para quienes defendían las medidas, el objetivo es proteger a las personas que dependen del alquiler y evitar que una familia pueda ser desahuciada por no poder asumir los precios o por no conseguir una renovación. Para muchos propietarios, en cambio, estas medidas suponen una pérdida de seguridad sobre su propia vivienda y un aumento del riesgo de alquilarla. Este escenario sigue planteándose en la actualidad, pues aún está en el aire que el Gobierno apruebe este martes los dos decretos ley que el Congreso no convalidó el pasado viernes e intentará sacarlos adelante por la Diputación Permanente , la cual se activa al estar las Cortes disueltas por la convocatoria de elecciones y puede resultar más favorable, tal como recoge Europa Press. Pero la situación viene de repetirse tambien hace unos meses, cuando en febrero el Gobierno decidió prorrogar la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables, medida recogida también en los decretos actuales. Como ahora, también entonces multitud de propietarios compartieron sus quejas al respecto, sintiendo que sus inmuebles y capacidad para alquilarlos se quedaban desprotegidos. Uno de ellos fue Javier Medina, ya habitual en los platós de televisión, que tiene 11 propiedades a sus 31 años y defiende no ser rentista, sino emprendedor. Para él, cuando se decidieron prorrogar las medidas antidesahucios, esto supuso una injusticia y, según contaba entonces en 'Espejo Público', estaba planteándose tomar medidas respecto a sus inmuebles. «Estoy vendiendo alguna por la inseguridad, estoy empezando a diversificar, hay más riesgo , más riesgo de impago, más dificultad. Cada vez se ponen más trabas a los empresarios inmobiliarios y al final lo que hacemos nosotros es sacar el dinero de ahí y colocarlo en un sitio donde sea más seguro», argumentaba hace unos meses. En otras intervenciones, Medina contó que él empezó comprando su primer piso con 3500 euros y dos préstamos personales, ahorrando y reinvirtiendo lo que obtenía para comprar otras viviendas hasta haberse hecho con 11. Según defiende, ha comprado pisos baratos y los ha puesto a precios razonables, afirmando que alguno está por 450 euros al mes. «Yo, por mí, lo alquilaría al doble, pero resulta que nadie lo paga» , llegó a decir para explicar que el mercado se regula según la oferta y la demanda. Para este multipropietario, que el Ejecutivo decida cómo tiene que alquilar sus viviendas es algo que no entiende: «Es como si el Gobierno le dice que como ya tiene dos panaderías, como ya te va bien, si un cliente no te paga hazte tú responsable », exponía. Más recientemente, Medina ha opinado que cuando se proponen ciertas medidas sobre la vivienda que protegen a los inquilinos, al final están perjudicando a los propietarios y estos dejan de ofrecer vivienda para la gente : «El Gobierno viene y me dice que pueden modificar no solo las condiciones de subida de precios de alquiler que había pactado ya con el inquilino, sino la propia duración del contrato», se quejaba en otra de sus intervenciones en el citado programa.
