Cinco años de investigación judicial, 27 taxistas investigados y cientos de informes y declaraciones han terminado en papel mojado. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, ha dado carpetazo a la última de las tres piezas en las que se dividió la macrocausa de los taxistas del aeropuerto de San Pablo al concluir que no existen pruebas que justifiquen la comisión de delito. En un auto dictado el pasado 24 de septiembre, al que ha accedido ABC, la magistrada decreta el sobreseimiento provisional del caso y libra de ir a juicio por organización criminal y coacciones a la cúpula de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, desmontando así las pesquisas iniciadas hace un lustro, cuyo detonante fue una investigación policial del año 2017. Tras el examen de las diligencias practicadas durante este periodo, la instructora concluye que «no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa». Por dicho motivo, la jueza determina que procede acordar el archivo provisional exculpando así a todos los encausados en un proceso donde llegó a estar investigado el exconcejal de Movilidad bajo el gobierno de Juan Espadas (PSOE), Juan Carlos Cabrera . Contra este auto cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de tres días a contar desde su notificación a las partes personadas. Esta resolución supone un giro radical en uno de los episodios más convulsos en la historia reciente del transporte en Sevilla. La misma magistrada había emitido con anterioridad un auto de procesamiento en 2022 que atribuía a los 27 taxistas y a la asociación indicios delictivos de organización criminal, coacciones y daños por el presunto monopolio ejercido en la parada del aeropuerto de San Pablo y en la estación de trenes de Santa Justa. Dicho auto fue anulado tras los recursos de las defensas. La génesis de este complejo entramado se sitúa en el año 2017, cuando la Brigada de Información de la Policía Nacional asumió las primeras indagaciones. Los agentes comenzaron a rastrear una sucesión de episodios de coacciones, hostigamiento y actos vandálicos dirigidos contra conductores de vehículos de transporte con conductor (VTC), así como contra autobuses de la empresa pública Tussam y otros profesionales del taxi ajenos al colectivo investigado. Lo que comenzó como una investigación sobre altercados en la parada del aeropuerto derivó en un rastreo más profundo. Las fuerzas de seguridad centraron su foco en la estructura interna de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi. La hipótesis policial apuntaba a la implantación de un férreo monopolio en la terminal de San Pablo , donde un grupo cerrado de conductores impedía trabajar a cualquier transportista ajeno a sus filas mediante la presión física y el amedrentamiento. Entre los 27 procesados figuraban nombres de peso en la patronal del taxi hispalense, entre ellos el histórico dirigente Enrique Filgueras , líder de la organización durante años, y el actual presidente de la entidad, Antonio Velarde. Sobre ellos pesaba la acusación de capitanear una red estructurada para controlar con exclusividad el flujo de viajeros procedentes de la terminal aérea. A lo largo de la instrucción, la magistrada llegó a describir en sus resoluciones precedentes cómo la entidad asociativa, constituida sobre el papel como un colectivo sin ánimo de lucro para salvaguardar los derechos de los titulares de licencias, había alterado su naturaleza original. Según los indicios recopilados por la Policía Nacional en las primeras etapas del caso, la Hispalense operaba en la práctica como un grupo jerarquizado con un marcado carácter de sometimiento al líder y un catálogo de infracciones y sanciones de obligado cumplimiento. La cúpula exigía un acatamiento estricto a las directrices dictadas por el expresidente Filgueras. Los miembros que vulneraban el reglamento interno sufrían castigos severos, entre los que figuraba la prohibición de cargar pasajeros en la parada de llegadas o la expulsión si no acudían a las movilizaciones convocadas. Quienes pretendían eludir una sanción debían justificar sus ausencias con partes médicos u otros documentos de validez probatoria, según las pesquisas policiales. La operativa se coordinaba desde unos locales cedidos en su día por la empresa pública AENA dentro del recinto aeroportuario. En esas dependencias, Filgueras disponía de un despacho propio, un bar y pantallas conectadas a cámaras que monitoreaban la zona de embarque de pasajeros. Durante un registro policial efectuado en junio de 2017, los investigadores intervinieron abundante documentación. Entre el material incautado figuraban libretas con anotaciones sobre asambleas, listas de asistentes y multas impuestas por el comité sancionador a los taxistas por dejar desierta la zona del túnel de llegadas. Asimismo, los agentes hallaron un documento que fijaba los principios básicos de conducta para los afiliados y decenas de boletines de denuncia emitidos por la Policía Local. En concreto, se incautaron 63 boletines correspondientes al año 2003, de los cuales 62 habían sido redactados en un único día por prestar servicio sin autorización o en jornadas no permitidas. Dichas multas nunca llegaron a tramitarse por el Ayuntamiento de Sevilla, una circunstancia que el juzgado vinculó en su momento a los retrasos y deficiencias de gestión del Instituto Municipal del Taxi. El capítulo más tenso de la investigación se centró en las acciones violentas ejercidas contra los competidores del sector. La policía dejó constancia de una guerra abierta contra las empresas de VTC . La asociación mantenía identificados los coches de la competencia mediante fotografías, sometiendo a sus conductores a persecuciones, insultos y destrozos en la chapa y cristales para forzar su retirada. Múltiples choferes perjudicados llegaron a abandonar la actividad ante los altercados continuados y las pérdidas económicas sufridas. Las presiones alcanzaban también a los propios taxistas con licencia municipal de Sevilla que no pertenecían a la agrupación. Varios testigos protegidos declararon durante el proceso que resultaba imposible para un profesional ajeno a la Hispalense acceder a la parada o hacer uso de la carpa exterior. Con más de 2.000 licencias activas en la capital andaluza, la parada quedaba reservada a un número limitado de afiliados para garantizar un beneficio económico exclusivo a costa del resto del gremio. La tensión alcanzó picos graves el 23 de febrero de 2018, cuando se registraron destrozos en los aseos del hall de llegadas tras notificar AENA el fin del contrato del local asociativo. El caso salpicó también a la gestión del Ayuntamiento de Sevilla durante la etapa del alcalde Juan Espadas . La instructora criticó la pasividad de la corporación local al no adoptar medidas para corregir un monopolio de dominio público. Aunque el concejal de Movilidad de la época, Juan Carlos Cabrera, declaró como investigado y negó cualquier pacto de exclusividad, la jueza señaló la falta de vigilancia municipal. El expediente policial incluyó además un reportaje fotográfico hallado en la sede de la entidad donde Cabrera y el director general del CECOP aparecían como invitados en la celebración de la boda civil de Enrique Filgueras. La causa contra el edil fue archivada. A pesar del voluminoso atestado elaborado por la Brigada de Información —calificado por las defensas de los taxistas imputados como una mera «construcción novelesca» — y del auto de procesamiento dictado con anterioridad, el tramo final de la instrucción no ha aportado los indicios necesarios para sostener una acusación.
