¿Qué pasa si el inquilino deja de pagar? La pregunta, siempre miedo soterrado de quienes alquilan una vivienda, ha cogido fuerza en los últimos años al calor de los cambios legislativos introducidos por el Gobierno, que van mucho más allá de los dos decretos impulsados esta semana de forma exprés a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid, y que contemplaban incluso que el propietario indemnizase con al menos doce mensualidades al inquilino si decidiese no renovarle el contrato. Se teme que el solo anuncio de su tramitación, tumbada en el Congreso este viernes, impacte a corto y medio plazo en el mercado reduciendo la oferta de pisos disponibles para alquiler al instalar la idea de que hay una permanente inseguridad jurídica. Hay motivos para pensarlo: la incertidumbre con respecto a la aprobación o rechazo de los decretos provocó que en todo el país se retirasen 4.300 pisos en apenas 48 horas. Es prueba, insisten los expertos, de que el miedo se ha desatado entre los caseros. Y puede empeorar un problema que ya se ha cebado con Sevilla. Porque en los tres años en los que lleva en vigor la Ley de Vivienda, considerada por el sector como el terremoto con el que empezó la desestabilización del mercado de alquiler, se han desplomado un 22,6% los pisos disponibles en Sevilla. Si había en 2023 hasta 27.216 viviendas en alquiler, a cierre del segundo trimestre de este año se cuentan 21.067, de acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y respaldado por el grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Complutense de Madrid. Son, por tanto, más de 6.000 pisos los que se han esfumado mientras ha subido la demanda. Con más hogares creados y menos techos disponibles, ha sido una consecuencia inevitable que se hayan disparado los precios hasta un 20%. En 2023, apunta el Observatorio, un alquiler en Sevilla costaba de media 824 euros; ahora se piden casi 1.000. La huida de los caseros fue vaticinada por el sector tras la aprobación de la Ley de Vivienda, una medida presentada en aquel momento como el gran hito de la legislatura y a la que se señala de forma unánime como causante del desastre. ¿Por qué? La norma, entre otros muchos aspectos, endureció considerablemente las condiciones y los tiempos para desahuciar a inquilinos que habían dejado de pagar si se encontraban en situación vulnerable. Es una categoría en la que encajaban personas con ingresos modestos, trabajadores con contratos temporales o familias con niños o dependientes a cargo. No era la primera vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez movía ficha en este sentido, pero antes lo había hecho a través de decretos; al convertirlo en Ley, el cambio pasaba a ser estructural. Las reglas, ahora sí, habían cambiado. Pese a elaborarse con la intención de protegerles, la norma acabó por colocar a los inquilinos vulnerables en una difícil posición. Se convirtieron en candidatos menos atractivos -o directamente potenciales problemas- para los caseros, que son en su inmensa mayoría pequeños propietarios que recurren a este mercado para lograr un complemento muchas veces imprescindible a sus ingresos. Fue entonces cuando el propietario empezó a sospechar que lo de alquilar un piso quizá ya no compensaba. Muchos eligieron irse. Con menos oferta y demanda al alza, llegan las consecuencias, y no solo en los precios. Se ha desatado la competición entre los sevillanos en busca de casa. Por cada vivienda en alquiler hay 90 inquilinos interesados durante un periodo de diez días en la provincia, es uno de los niveles más altos de España. Lo señala también el Observatorio del Alquiler, que clasifica la situación con una especie de semáforo. Se pasa de la menor competencia posible, en verde, a la máxima, en rojo, para señalar los puntos más peliagudos del mapa. Sevilla está en rojo, con presión 'muy alta', por encima de Málaga (86 inquilinos interesados por vivienda), aunque debajo de Baleares (160), o Madrid (136). Solo en un año, esa presión ha subido un 25% en Sevilla. En 2023, cuando se aprobó la Ley, había en la provincia 20 inquilinos interesados por cada piso en alquiler. Otra consecuencia de esta huida de propietarios ha sido la mudanza de los inquilinos a la periferia. Con la ciudad colmatada y la presión disparada, no han sido pocos los que se han lanzado al Aljarafe para buscar casa temporal, convencidos de que aquí los precios son más competitivos. Pero esta lógica, amparada en la realidad, amenaza con tener también los días contados. Porque la mayor demanda está haciendo que se revaloricen San Juan de Aznalfarache, donde los precios han subido casi un 12% en el último año (cuatro veces más de lo que ha subido en la ciudad), Dos Hermanas, Montequinto y Bormujos, donde se ha encarecido un 7%. En general, toda la periferia ha subido su precio a mayor velocidad de lo que lo ha hecho la ciudad, lo que hace que la brecha de precios se vaya reduciendo deprisa. Aunque sigue siendo más caro alquilar en la ciudad, donde de media se paga unos 1.000 euros por un piso de 80 metros cuadrados, en Camas, Mairena y San Juan de Aznalfarache cuesta ya casi 900. Salir de la capital compensa cada vez menos, teniendo en cuenta el gasto adicional que implica en transporte, es decir, gasolina. En este río inestable y revuelto, las empresas dedicadas al inmobiliario se están moviendo para intentar dar más confianza a los caseros y evitar así que empeore la sangría. Lo hacen ofreciéndose a gestionar todo lo relativo al contrato, una tarea en la que están profundizando las inmobiliarias en los últimos tiempos. También se pone más énfasis en estudiar la solvencia del inquilino y, en casos como el de la sevillana Alquirelax, garantizando que habrá pago de la renta el día 5 haya o no abonado el inquilino la mensualidad. Pero todas estas medidas, repiten desde el sector, no pueden frenar el miedo si éste se desata desde el BOE. La votación de los 'decretos Maricarmen' es el último zarandeo; ahora falta esperar la reacción en el mercado.
