Este octubre será el mes decisivo para resolver el futuro de las ordenanzas fiscales elaboradas por el gobierno de José Luis Sanz para el año 2027. La propuesta presentada en su día por la Delegación de Hacienda se basa en una reducción del 1% de todos los tipos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el aumento de las actuales bonificaciones para las viviendas de protección oficial, la creación de empleo o la plusvalía. Unas medidas que en su conjunto suponen un ahorro de 1,7 millones de euros para el bolsillo de los sevillanos pero que no tienen garantizada su aprobación, al menos por ahora. La única vía abierta para el ejecutivo municipal es la de reeditar sus anteriores pactos con Vox, pero la brecha que sigue abierta entre ambas formaciones convierte en quimérico el acuerdo. Más si cabe, después de las enmiendas presentadas por los de Abascal y que, en varios de los supuestos planteados, parece más un brindis al sol que otra cosa. Fuentes municipales han venido defendiendo desde un primer momento que las rebajas fiscales planteadas era ambiciosas y buenas para la ciudad, aunque en Vox piensan distinto. El delegado de Hacienda, el popular Juan Bueno, ya aseguró en rueda de prensa que sería difícil que los de Abascal justificaran un voto en contra a una bajada de impuestos, entre otras cosas porque estas políticas forman parte de su argumentario político. Y en las filas del hasta ahora socio de José Luis Sanz no sentó nada bien que desde el gobierno local se hubiera presentado a los medios un proyecto cerrado sin haberlo consensuado con ellos. El resultado ha sido el registro en el día de ayer, el último dentro del plazo habilitado, de una batería de enmiendas que multiplican las rebajas y bonificaciones fiscales . La más destacada de todas, la disminución de un 5,9% en el IBI. O lo que es lo mismo, seis veces más de lo que el equipo del alcalde ha puesto sobre la mesa. Las negociaciones entre ambos partidos ni siquiera han comenzado aún y estaban a expensas de que anoche finalizara el plazo oficial para presentar las enmiendas. Ahora, el delegado de Hacienda abrirá un turno de diálogo con todos los grupos municipales que hayan planteado alegaciones para intentar incorporar aquellas que se ajusten a las posibilidad económicas del Ayuntamiento de Sevilla. Serán unas reuniones casi a contrarreloj , porque la intención del gobierno de José Luis Sanz es que la semana que viene se celebre la comisión extraordinaria en la que deben votarse cada una de ellas y, por lo tanto, quede de manifiesto la postura definitiva de cada una de las formaciones. De hecho, el calendario con el que trabaja Bueno tiene señalado el Pleno ordinario de este mes de octubre, que en principio está fijado para el jueves 15, para que en él se someta al refrendo necesario el proyecto global de ordenanzas fiscales de 2027, de modo que los cambios puedan entrar en vigor el día 1 de enero del próximo año. De momento, la propuesta planeada por el gobierno municipal ha logrado el respaldo del Consejo Económico y Social de Sevilla , cuyo dictamen fue publicado esta misma semana. En el mismo, frente a las críticas que solía recibir el ejecutivo de Sanz en los últimos años, se hace un balance muy positivo de la intención de rebajar el IBI un 1%, aunque se reconoce que el impacto que eso tendrá en el bolsillo de las familias sevillanas será bajo. También se aplaude el hecho de que se aumenta la bonificación del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las familias empadronadas en las viviendas de protección oficial de los 9 a los 13 años, haciendo referencia en este caso a la crisis inmobiliaria generalizada en todo el país. Sin embargo, las conclusiones recogidas en el documento sí solicitan al Ayuntamiento de Sevilla que realicen campañas de divulgación de esta rebaja fiscal y del aumento de las bonificaciones para que ambas puedan llegar al mayor número de familias empadronadas en la ciudad. Las enmiendas registradas por Vox, según aseguró ayer su portavoz Gonzalo García de Polavieja, buscan que la rebaja fiscal no sea «cosmética», sino que «la noten realmente los sevillanos en sus bolsillos» . Para ello, además de la reducción del IBI de un 5,9%, reclaman que se amplíen las bonificaciones dirigidas a las familias numerosas hasta el 90%, que es el máximo legal permitido, al margen del valor catastral de la vivienda. También que se eleve al 95% en las transmisiones por causa de muerte a favor de descendientes, adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes, aplicándola con carácter general dentro de los límites legales; y que la plusvalía baja diez puntos hasta el 16,53%. Por último, exigen incentivos económicos a los pequeños negocios, con nuevos tramos vinculados al número de trabajadores contratados y al volumen de negocio, permitiendo que autónomos y pymes puedan acceder a bonificaciones de hasta el 95%.
