El Gobierno aprobó este martes dos decretos para tratar de sofocar la crisis de la vivienda que ha despertado la indignación de la población española, haciendo que miles de ciudadanos salgan a la calle para reclamar más facilidades a la hora de acceder a una vivienda. El primero de ellos ya ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) , mientras que el segundo, impulsado por Sumar, no ha visto la luz todavía oficialmente pese a haber sido aprobado en el Consejo de Ministros. No obstante, ambos deberán ser convalidados el viernes por el Congreso de los Diputados . Lejos de mostrarse satisfecho, Carlos Herrera ha cuestionado tanto el contenido de las medidas como la forma en la que el Ejecutivo ha gestionado su aprobación: «A falta de uno, ahora tenemos dos decretos 'Maricarmen'. A estas horas solo se ha publicado uno en el BOE, lo que indica que el otro lo estarán peinando». Para el periodista, las medidas aprobadas suponen una amenaza para los propietarios de las viviendas: «El asunto sería cómico si no fuera porque el viernes el Congreso puede aprobar un 'corralito del alquiler'». En su opinión, estas pueden limitar la capacidad del propietario para decidir sobre el uso de su inmueble: «Se busca que quien posee una vivienda no pueda disponer de ella como considere oportuno al quedar secuestrada por decisión gubernamental». «Esto representa la puntilla a los despropósitos acumulados durante años. El caos en el fondo se corresponde con el esperpento en la forma», apostilla. Más allá de las propias medidas, Herrera también ha criticado su tramitación, poniendo el foco en las discrepancias entre los socios del Ejecutivo. «Asistimos a un espectáculo con una ministra incapaz de responder a preguntas concretas sobre los decretos aprobados, mientras el Gobierno ofrecía dos ruedas de prensa simultáneas (socialistas en Moncloa y comunistas en la Vicepresidencia de Yolanda Díaz). Además, se confirma que los decretos no estaban redactados y los estuvieron escribiendo tras haberlos aprobado», denuncia. Otro de los aspectos que cuestiona en su monólogo es la utilización del término 'fondo buitre' en relación con las medidas contra determinadas operaciones inmobiliarias. «Cabe preguntarse cuál es la definición legal exacta de 'fondo buitre' , ya que califican así a cualquier fondo de inversión. Sería conveniente que explicaran dónde se sitúa el límite», plantea. En este sentido, ha recordado lo que desde su punto de vista fue un «ataque insólito» de Isabel Rodríguez , ministra de Vivienda y Agenda Urbana, quien llamó «pyme buitre carroñera» a Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen Abascal, la anciana que fue desahuciada de su vivienda. «La verdadera carroña política es llevar ocho años sin construir viviendas, viviendo del relato y permitiendo un déficit de 700.000 inmuebles , para luego buscar un culpable ajeno a quien cargar su incompetencia», sentencia contundente Herrera. La batalla política tendrá ahora su siguiente capítulo en el Congreso de los Diputados. «El circo se completará el viernes con la convalidación de los decretos en un pleno urgente», señala el locutor, advirtiendo de que la tensión podría trasladarse a ese nuevo escenario. «Se busca que los acampados de la Puerta del Sol se desplacen al Congreso a presionar a los diputados. Los acampados realizan un ensayo de lo que harán si la derecha gana unas elecciones. Se confirmó que el decreto llevaría el nombre de Mari Carmen y que no levantarían la acampada, amparándose en el derecho de reunión. El viernes habrá altercados frente al Congreso, situado a escasos metros de Sol», expone. Asimismo, asegura que el objetivo del PSOE ese día será aprobar el decreto más extenso «para satisfacer a la izquierda, a la extrema izquierda y a Junts ; mientras que el segundo decreto, impulsado por Sumar para exigir la renovación automática e indefinida de los contratos, será rechazado por el Congreso». El resultado, vaticina será «la retirada de más de 300.000 viviendas del mercado de alquiler, el encarecimiento de precios y la expulsión de los inquilinos más precarios ». «Se genera una enorme inseguridad jurídica , atacando la propiedad privada y protegiendo al no pagador a través de dos decretos», concluye.
