El Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás en su intención de dar de baja de una tacada el 31 de agosto a todo el personal que había sido contratado de manera interina para colaborar en la gestión de los planes y proyectos vinculados a la primera adenda de los fondos europeos. El colectivo, sobre cuyo número concreto no hay ninguna cifra oficial pero que fuentes sindicales estiman entre 1.500 y 2.000 personas y que desarrollaba su labor principalmente en organismos como el SEPE y en los ministerios de Transporte, Transición Ecológica, Cultura o Trabajo, empezó a recibir a mediados de agosto vía mail o incluso vía mensaje en la intranet, según avanzó 'El País', un mensaje anunciándoles...
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