Sánchez pone a Torres al mando de la coordinación de la crisis de Ceuta
Pedro Sánchez ha decidido centralizar la coordinación política de la crisis de Ceuta tres semanas después de que la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio obligara al Gobierno a activar simultáneamente a varios ministerios. El elegido ha sido Ángel Víctor Torres. El titular de Política Territorial será designado coordinador de todos los departamentos implicados para tratar de ordenar una respuesta que hasta ahora se había repartido entre diferentes miembros del Consejo de Ministros.
Fuentes del Ministerio de Política Territorial han confirmado este viernes que el nombramiento se producirá próximamente y lo enmarcan en el carácter transversal del departamento. Torres pasará a coordinar, por encargo directo del presidente, el trabajo de Interior, Inclusión y Migraciones, Defensa, Asuntos Exteriores y Juventud e Infancia, además de las actuaciones que correspondan a su propio Ministerio.
La decisión supone un nuevo movimiento de Moncloa para intentar encauzar una crisis que comenzó siendo fronteriza pero que durante las últimas tres semanas ha terminado multiplicando sus frentes. Interior se ha ocupado de la seguridad, las identificaciones y las devoluciones; Defensa, del despliegue de las Fuerzas Armadas; Exteriores, de las conversaciones con Marruecos; Migraciones, de la atención humanitaria; e Infancia, de la situación de los menores no acompañados. A ello se ha sumado la relación permanente con el Gobierno de Juan Jesús Vivas.
Sánchez coloca ahora una figura política por encima de esa gestión departamental para intentar que todas las piezas funcionen bajo una misma coordinación.
La elección de Torres tampoco es casual. Política Territorial es el departamento encargado de las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades y ciudades autónomas, pero el ministro cuenta además con experiencia directa en una de las vertientes más difíciles de la actual emergencia: la migratoria.
Torres gobernó Canarias entre 2019 y 2023, años en los que el archipiélago sufrió sucesivas crisis provocadas por el aumento de llegadas a través de la ruta atlántica. Ya como ministro, fue uno de los principales responsables políticos de la reforma de la Ley de Extranjería diseñada para repartir entre las comunidades autónomas a los menores migrantes no acompañados cuando los territorios de llegada superaran determinados niveles de ocupación.
Precisamente los menores se han convertido ahora en uno de los principales problemas pendientes en Ceuta. El Gobierno anunció el traslado a la Península de 500 niñas que permanecieron durante veinte días en condiciones extremadamente precarias después de la entrada del 30 de julio, mientras Save the Children calculaba que todavía quedaban alrededor de 4.000 menores en la ciudad. Su situación exige una respuesta específica porque la legislación española impide aplicarles el procedimiento ordinario de expulsión reservado a los adultos y obliga a analizar individualmente cualquier eventual repatriación conforme al interés superior del menor.
Una crisis con demasiados ministerios
La creación de una coordinación política llega además después de que las diferencias entre algunos departamentos hayan aflorado públicamente durante la gestión de la emergencia.
Fernando Grande-Marlaska ha tenido que responder por el funcionamiento de la frontera y por la información previa de Policía Nacional y Guardia Civil. Margarita Robles ha defendido al CNI frente a las dudas sobre la capacidad del Estado para anticipar una entrada de semejante magnitud y llegó a recordar públicamente que Interior también dispone de sus propios servicios de información. José Manuel Albares, por su parte, ha tratado de mantener abierta la interlocución con Rabat mientras la crisis volvía a situar la soberanía de Ceuta y Melilla en el centro de la relación bilateral.
A ellos se han añadido Elma Saiz, responsable de habilitar nuevos recursos de atención humanitaria, y Sira Rego, cuyo departamento tiene competencias fundamentales sobre los menores. Hasta ahora, cada ministro había gestionado su parcela. Torres tendrá que intentar que todas ellas formen parte de una misma respuesta.
El movimiento llega también en mitad de una creciente presión del Gobierno ceutí. Vivas ha reclamado reiteradamente una mayor coordinación estatal, ha exigido acelerar la salida de quienes todavía permanecen en la ciudad e incluso ha amenazado con acudir a los tribunales si en 30 días no observa avances suficientes frente a lo que ha llegado a definir como una situación de «pasividad casi absoluta».
El Ejecutivo ha respondido durante los últimos días multiplicando las actuaciones. Migraciones anunció cuatro dispositivos temporales con otras 1.500 plazas de atención humanitaria; Interior ha reforzado los medios destinados a identificación y extranjería; las Fuerzas Armadas continúan implicadas en el dispositivo y varios ministros han desfilado personalmente por la ciudad.