No hay colapso en la sanidad de Ceuta, insiste de manera recurrente la ministra de Sanidad, Mónica García, pero los médicos y enfermeras la desmienten y denuncian la enorme presión asistencial que está soportando el sistema desde la llegada masiva de inmigrantes el pasado julio. Ahora, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) reclama al Defensor del Pueblo que intervenga «urgentemente» en la situación del sistema sanitario ceutí. Mediante un escrito, CESM pide al defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que valore la posibilidad de desplazar a una delegación de la institución a Ceuta para conocer directamente la realidad asistencial , tras las «versiones contradictorias» del Ministerio de Sanidad y los profesionales sanitarios que trabajan en primera línea durante la crisis. «CESM entiende que no corresponde a una organización sindical determinar cuál de las versiones se ajusta a la realidad, sino que debe ser una institución independiente la que compruebe los hechos y evalúe la situación con datos objetivos», dice el comunicado remitido por la organización sindical. Así, el sindicato solicita al Defensor del Pueblo que recabe información sobre el impacto real del incremento de la población atendida en Atención Primaria, hospitales y servicios de urgencias. También sobre la suficiencia de los recursos humanos y materiales, las condiciones en las que están trabajando los profesionales y las consecuencias que la presión asistencial está teniendo sobre la atención a la población ceutí. Igualmente, CESM cree necesario que la institución constate la suficiencia de los medios extraordinarios que el Ministerio de Sanidad aseguró que se están dedicando a la crisis, así como como la coordinación entre las administraciones implicadas y la existencia de protocolos adecuados para garantizar la protección de la salud pública, los derechos de los pacientes y la seguridad de los profesionales. «CESM considera que los profesionales sanitarios no pueden convertirse en el último recurso para absorber cualquier emergencia, asumiendo mediante sobrecarga de trabajo las consecuencias de una eventual insuficiencia de medios. La solidaridad y el deber de asistencia forman parte de la profesión médica, pero no pueden utilizarse para justificar unas condiciones que terminen comprometiendo la calidad y seguridad de la asistencia», denuncia el sindicato. Exigen así al Defensor el Pueblo que se reúna con los responsables del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad y responsable de la gestión de la sanidad ceutí y con los representantes de los profesionales sanitarios que están trabajando sobre el terreno. También piden que recabe los datos disponibles sobre la actividad, como las visitas a urgencias, ingresos hospitalarios y listas de espera. El sindicato defiende que el problema no se debe afrontar «negándolo ni convirtiéndolo en una batalla política», sino que se debería «acudir a los datos, escuchar a quienes trabajan sobre el terreno y comprobar directamente la realidad asistencial».
