La ausencia como doctrina
Gobernar obliga a comparecer. A aceptar que el poder, precisamente porque lo es, tiene que ponerse de vez en cuando delante de otros y contestar preguntas que no ha elegido, en una fecha que tampoco ha elegido y bajo unas reglas que escapan a su control. El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido sustituyendo esa obligación por otra cosa bastante distinta: una administración calculada de sus apariciones, de sus silencios y hasta del lugar en el que considera oportuno dar explicaciones. Comparece cuando domina la escena, mide el momento, escoge el formato y procura que hasta la incomodidad llegue prevista de antemano. Lo demás puede esperar.
Hablar y responder se han convertido casi en sinónimos en el lenguaje oficial, aunque en política signifiquen cosas muy diferentes. Hablar es emitir un mensaje, colocar una versión, llenar una mañana de declaraciones, convocar una rueda de prensa, conceder una entrevista o leer una declaración institucional. Responder empieza justamente donde termina ese control: cuando otro pregunta, insiste, repregunta y obliga al gobernante a salir del guion que había preparado. De lo primero hemos tenido mucho. De lo segundo, bastante menos.
Un Gobierno puede inundar durante semanas el espacio público de palabras y dejar intacta, mientras tanto, la pregunta que debía contestar. Ahí está una parte esencial del problema. Mientras comunica, el Gobierno conserva el dominio de la escena. Cuando comparece ante una institución que lo fiscaliza, lo pierde durante un rato. No decide la pregunta, ni su oportunidad, ni necesariamente el terreno en el que tendrá que contestarla. Esa hora incómoda importa porque es una de las pocas en las que el poder reconoce de manera visible que no se pertenece por completo a sí mismo. Una mayoría permite gobernar. No concede, o no debería conceder, el derecho a escoger también las condiciones del control.
Por eso importa el escenario. Sánchez y sus ministros prefieren el Congreso, donde conocen la aritmética que los sostiene. El Senado queda para después, sobre todo cuando allí el ritmo de la sesión, la iniciativa y el relato de la jornada pertenecen a la oposición. No hace falta fingir sorpresa: cualquier Gobierno prefiere el lugar donde se encuentra más cómodo. La cuestión empieza cuando esa comodidad decide el cumplimiento de una obligación.
Entonces la responsabilidad política se convierte poco a poco en una cuestión de conveniencia. El deber sigue escrito en el mismo sitio, pero empieza a depender de una decisión diaria. Ya no se trata tanto de si hay que responder como de cuándo sale menos caro hacerlo.
Y el calendario hace el resto. Una pregunta política tiene también su momento. Pierde fuerza cuando pasa el tiempo, cuando otras noticias ocupan las portadas, cuando la atención pública cambia de asunto y cuando la respuesta llega convertida en una formalidad. Aplazar una comparecencia consiste muchas veces en dejar que la pregunta envejezca. Lo que hoy obliga a dar la cara puede presentarse mañana como un episodio superado. La respuesta quizá sea la misma. Su efecto, desde luego, ya no lo será.
El sanchismo ha demostrado una extraordinaria capacidad para medir cada institución por la dificultad que plantea en cada momento. Hay cámaras cómodas y cámaras incómodas, organismos útiles mientras acompañan una decisión y obstáculos institucionales cuando la contradicen. El poder observa qué tiene delante, mide la resistencia y actúa después. La vieja idea de que ciertas cosas se hacen sencillamente porque deben hacerse va desapareciendo detrás de ese cálculo.
Las instituciones valen sobre todo cuando obligan al poder. Para lo cómodo apenas hacen falta reglas. Su razón de ser aparece cuando fuerzan una comparecencia, exigen una explicación o ponen delante del Gobierno una pregunta que este habría preferido dejar para más adelante. Si el cumplimiento depende cada vez más de la conveniencia de quien gobierna, la relación se invierte. Las instituciones siguen ahí, pero sirven de una manera distinta. Lo que la primera vez provoca una polémica institucional acaba convertido después en una discusión de calendario y, más tarde, en una costumbre que apenas merece unas líneas. Y algo que empezó siendo una ventaja táctica adquiere, casi sin que nadie lo decida, la fuerza de una regla.
Lo peligroso es que ese desgaste acaba pareciendo normal. Un reglamento conserva todas sus palabras y puede haber perdido una parte de su fuerza. Una obligación continúa escrita mientras su cumplimiento depende, en la práctica, del cálculo de quien debería obedecerla. No hacen falta grandes reformas para vaciar una institución. A veces basta con aprender cuánto puede ignorarse sin consecuencias.
Sánchez acabará dando explicaciones sobre Ceuta. Lo hará en la Cámara, en el momento y bajo las condiciones que haya considerado convenientes, y ese día sus portavoces podrán afirmar que el Ejecutivo ha respondido ante el Parlamento. Formalmente tendrán incluso un argumento para decirlo. Pero para entonces se habrá consolidado algo mucho más importante que una comparecencia concreta: un método. La costumbre de tratar el control como una molestia administrable y las instituciones como escenarios. Después de suficientes precedentes, la excepción se incorpora a la normalidad, pierde hasta el aspecto de excepción y termina convertida en doctrina.