Irán-EEUU: victoria interrumpida, derrotas probables
La guerra de Irán no ha terminado. Está suspendida, que es cosa muy distinta. La suspensión la administra en realidad el triunvirato criminal de Teherán: el general Ahmed Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria; el general Mohamed Zolghadr secretario general del consejo de seguridad nacional; y el general Mohsen Razaei asesor militar del desaparecido lider de la revolución Mojtaba Jamenei.
Conviene recordar cómo empezó todo. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron cerca de 900 ataques en apenas doce horas contra los misiles, las defensas aéreas, la infraestructura militar y la cúpula del régimen iraní, para forzar un cambio de régimen, romper el vínculo del régimen con sus proxies terroristas y desmantelar sus programas nuclear y balístico. Alí Jamenei murió en aquella primera oleada.
La planificación militar fue exitosa, incluso brillante: objetivos bien definidos, ejecución impecable, superioridad tecnológica y de inteligencia incontestable. Sin embargo, ninguno de los objetivos geoestratégicos se lograron.
Pocas campañas aéreas han logrado tanto en tan poco tiempo. Era el segundo acto del drama abierto con la guerra de los doce días de junio de 2025; esta vez, la guerra de los 40 días. Teherán respondió atacando las bases estadounidenses de la región, a Israel y a varios países vecinos, cerró el estrecho de Ormuz y los terroristas de Hizbulá abrieron fuego desde el Líbano. La región entera quedó envuelta en la pira de la guerra. Lo que ha fallado después no es la espada, sino el pulso de la mano que la empuña.
Una y otra vez, cuando la presión acumulada empezaba a producir efectos estratégicos, las operaciones se han detenido con un mismo argumento: «Hay conversaciones en curso». Repásese la secuencia. El 8 de abril, horas antes de que venciera el ultimátum del presidente Trump, Pakistán medió un alto el fuego de dos semanas. El 21 de abril, la tregua se prorrogó indefinidamente. El 1 de mayo, la Casa Blanca declaró terminadas las hostilidades, con Ormuz todavía cerrado y un bloqueo naval en marcha que ha desviado ya 35 buques mercantes. El 7 de mayo EE UU volvió a bombardear. En junio se firmó un memorando de entendimiento que abría un plazo negociador de 60 días. Y la semana pasada, la enésima repetición del ciclo: la mayor operación militar planeada desde la Segunda Guerra Mundial –según la definió el propio presidente– fue anunciada y cancelada en 48 horas, a petición de Omán, Arabia Saudí, y Qatar. Otros pedían que la labor iniciada debía ser culminda: Emiratos, Kuwait y Bahrein.
Amenazas de una contundencia inaudita, seguidas de cancelaciones a las pocas horas: esa es la imagen que hoy proyecta la primera potencia del mundo. El balance de tanta diplomacia es desolador. Ni un solo compromiso verificable, ni una concesión irreversible, ni un gesto que justifique el precio pagado por cada pausa. Cuando el vicepresidente Vance se sentó en Islamabad con los negociadores iraníes, Trump reconoció que se había acordado casi todo salvo «el único punto que importaba: el nuclear».
Teherán, entretanto, ha ido elevando el precio: garantías contra futuras agresiones, reconocimiento de sus «derechos legítimos sobre el Estrecho de Ormuz», reparaciones de guerra y la advertencia de que su programa de misiles balísticos no se negocia. Y estos últimos días hemos asistido a la escena definitiva: el presidente anuncia un acuerdo «inminente» y negociaciones para el lunes; Teherán niega que exista negociación alguna y se permite burlarse de la Casa Blanca; Trump replica llamando a los dirigentes iraníes «increíblemente tramposos» y les concede una «última oportunidad», para volver a anunciar que un acuerdo es inminente. Es la ducha escocesa «trumpiana».
Muy probablemente porque nunca fueron conversaciones. Fueron estratagemas de la parte más dura del régimen para comprar con treguas lo que no podía ganar en el campo de batalla. Primera: rearmarse. Reconstituir las defensas antiaéreas arrasadas y los arsenales de misiles, también por vía china, como ha documentado Reuters. Segunda: reestructurarse. Reorganizar unos mandos diezmados, apuntalar una sucesión disputada y apretar el aparato de represión que en enero ahogó en sangre las protestas: 7.000 muertos, según organizaciones de derechos humanos. Tercera: dividir, diluir y perturbar la paz y la unidad de Occidente y sus aliados en Oriente Medio.
Cada alto el fuego ha sido para Teherán una tregua táctica; cada mesa de negociación, un teatro de operaciones más y un paso para consolidar el peaje-chantaje que llenará las arcas de la Guardia Revcolucionaria y plantará la semilla de un nuevo conflicto 10 veces más virulento.
Nada de esto debería sorprendernos. Kissinger enseñó que las potencias revolucionarias ( y yo añado lo estados criminales) no negocian para llegar a acuerdos, sino para ganar tiempo y legitimidad mientras persiguen intactos sus objetivos: para ellas, la mesa de negociación no es una alternativa a la guerra, sino su continuación por otros medios. Y la propia historia de la República Islámica lo confirma: Jomeini solo apuró el «cáliz de veneno» –así lo llamó él mismo– del alto el fuego con Irak en 1988 cuando el país estaba exhausto y en ruinas. El régimen no se detiene cuando se le ofrece una salida honorable; se detiene cuando no le queda otra alternativa.
Cada suspensión unilateral ha hecho creer a Teherán lo contrario de lo que se pretendía: que la aparente determinación estadounidense era solo fachada y que todo era negociable, y que el tiempo corre a su favor. ¿Y por qué? Porque el reloj que de verdad importa está en el calendario electoral de EE UU. Nos acercamos muy peligrosamente al inicio de la campaña real, dura e intensa de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Se renuevan un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Varios senadores republicanos atraviesan serias dificultades para conservar sus escaños.
Susan Collins libra en Maine la batalla más difícil de su larga carrera. El escaño de Carolina del Norte se inclinaba esta misma semana, según los principales analistas, del lado demócrata. En Ohio, el senador designado Jon Husted afronta el desafío del veterano Sherrod Brown. Iowa ha quedado huérfana con la retirada de Joni Ernst, y hasta Texas ha dejado de ser terreno seguro. Las mayorías republicanas son hoy muy exiguas: 53-47 en el Senado y un puñado de escaños en la Cámara. A los demócratas les bastan cuatro escaños para arrebatar la primera y un soplo de viento favorable para tomar la segunda.
En la Cámara, los estrategas de ambos partidos dan por descontada una batalla voto a voto. Y la historia electoral norteamericana añade un dato demoledor: el partido del presidente pierde casi siempre las elecciones intermedias. El riesgo de perder una de las dos cámaras –o ambas– es muy serio. Sabemos que el presidente Trump no tiene derecho a la reelección: la Vigésimosegunda Enmienda lo impide.
En consecuencia, el futuro de su vicepresidente –y posiblemente el de su secretario de Estado como aspirante a acompañarle en la candidatura sucesoria– no figura entre sus principales desvelos. Su horizonte es otro: llegar a enero de 2029 con la agenda cumplida y el legado intacto. Su cálculo es personal, no dinástico. Y ahí aparece el verdadero riesgo.
Basta con que una sola de las dos cámaras caiga en manos demócratas para que la probabilidad de un procedimiento de impeachment –el tercero contra Trump– sea muy alta. Conviene precisar los términos. La Cámara de Representantes puede aprobarlo por mayoría simple; la condena y la destitución exigen dos tercios del Senado. Ni siquiera sumando la hostilidad manifiesta de algunos representantes republicanos y de algún que otro senador se alcanzaría ese umbral, de modo que la absolución sería el desenlace más probable.
Pero sería un consuelo menor. Los dos últimos años del mandato quedarían completamente secuestrados por el debate, la polémica y el ejercicio agotador de refutar –o de acreditar– las pruebas que se presenten. Citaciones, comisiones de investigación, filtraciones, testigos, audiencias televisadas. Eso es disolvente para cualquier administración: lo fue para Clinton en 1998 y para el propio Trump en su primer mandato.
Ningún presidente sometido a ese trance ha conservado intacta su capacidad de iniciativa. El Congreso ha rechazado ya nueve iniciativas para forzar el fin de las hostilidades con Irán al amparo de la War Powers Resolution; no es más que el aperitivo de lo que vendría. Si tal fuera el caso, la Administración Trump quedaría, de hecho, liquidada en sus dos últimos años; su agenda, comprometida para siempre y seguramente inconclusa.
Y aquí convergen las dos mitades de este análisis. Teherán lee el calendario electoral estadounidense con más atención y detalle que la mayoría en Washington. Sabe que cada semana ganada acerca el día en que la política exterior de la superpotencia quede rehén de su política doméstica. Sabe que un presidente asediado en el Capitolio difícilmente ordenará campañas militares de alto riesgo. Y sabe, en fin, que la ventana para dar continuidad a la brillante planificación del 28 de febrero se cierra a ojos vistas. Mientras tanto, los aliados acusan la fatiga: las monarquías del Golfo median para frenar cada golpe, Omán regatea el futuro del estrecho e Israel sigue empantanado en el frente libanés. Las pausas no han sido neutrales: han tenido un beneficiario, y no ha sido Occidente.
Reagan lo resumió en tres palabras: paz mediante fuerza. Aquella máxima ganó la Guerra Fría sin disparar un solo misil contra Moscú. Pero la fuerza solo disuade si es creíble, y solo es creíble cuando quien la ejerce demuestra la voluntad de llevarla hasta el final. Las guerras no las gana quien mejor las empieza, sino quien sabe terminarlas. Quien deja a medias una guerra acaba teniendo que redoblar esfuerzos y aceptar sus nefastas consecuencias incluidas las de política interior, que son las únicas que de verdad importan para la mediocre clase política del siglo XXI.