Italia no está sola: ocho países de la UE ya aplican controles fronterizos «por motivos de seguridad nacional»
Una Europa salpicada de nuevo por fronteras interiores. Esa fue la idea que deslizó el Gobierno italiano el pasado viernes cuando anunció el cierre del espacio Schengen con España. Una respuesta a la entrada masiva e ilegal a Ceuta de 70.000 personas procedentes de Marruecos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, logró así el golpe de efecto político que buscaba, aunque su alcance es, en la práctica, mucho más limitado: por el momento, la medida solo prevé controles a ciudadanos de terceros países que lleguen por vía aérea o marítima desde España.
A pesar de la alarma generada y del temor a que se desmorone uno de los principales pilares del proyecto europeo –la libre circulación de personas y mercancías–, lo cierto es que actualmente ocho países mantienen activos estos controles, según datos de la Comisión Europea. «Es una práctica mucho más común de lo que se cree», explica a este periódico Francesco Pasetti, investigador principal del área de migraciones del CIDOB, quien matiza que lo verdaderamente excepcional del anuncio italiano es que, por lo general, los controles se restablecen en las fronteras terrestres, inexistentes entre Italia y España.
Reintroducir los controles
En realidad, el Acuerdo de Schengen, que entró en vigor en el año 1995 y que actualmente abarca a 29 Estados, permite a sus miembros reintroducir temporalmente controles en las fronteras interiores en situaciones excepcionales, como una amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional.
Sin embargo, en los últimos años numerosos países han recurrido con frecuencia a una medida que está concebida como un «último recurso». «Muchas veces se utilizan para prevenir los movimientos migratorios secundarios», sostiene Passetti, en referencia a los desplazamientos de personas que han tenido dificultades para establecerse en su país de destino inicial. «Pero también son un mensaje que se envía al electorado para demostrar una mayor defensa de las fronteras nacionales. Son acciones simbólicas», añade el investigador.
La propia Italia, de hecho, impone controles desde hace años en su frontera con Eslovenia para hacer frente a la «amenaza continua de infiltraciones terroristas en los flujos migratorios a lo largo de la ruta balcánica occidental». Francia, por su parte, lo hace desde los atentados de París de 2015. Y como el límite es de seis meses, prorrogables hasta un máximo de dos años, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha ido renovándolos alegando distintos motivos para justificar esta circunstancia. ¿El último? La cumbre del G7 celebrada en Évian en junio. Antes fueron las amenazas yihadistas, el aumento de los ataques antisemitas y la inestabilidad en Irán. Pero no es el único caso de este tipo.
La excepción hecha norma
Alemania es otro de los miembros del espacio Schengen que ha convertido la excepción en norma. Hoy en día mantiene controles en sus nueve fronteras terrestres. Al menos desde 2024, cuando hubo dos atentados perpetrados por extranjeros. Antes, coincidiendo con el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, Berlín ya suspendió temporalmente la libre circulación con Polonia, la República Checa y Suiza para frenar la migración irregular. Algo similar hicieron –y siguen haciendo– Polonia, Países Bajos, Suecia y Austria, que justifican la implantación de estas medidas por motivos que incluyen también la lucha contra las mafias dedicadas al tráfico de personas y el contrabando.
En el caso de Noruega, la vigilancia reforzada en su linde con Alemania responde al incremento de los actos de sabotaje por parte de Rusia contra infraestructuras energéticas en el contexto de la invasión a gran escala de Ucrania. Un argumento que, hasta hace muy poco, también esgrimía Dinamarca.
«Restablecer controles forma parte del propio funcionamiento de Schengen; no está fuera de sus reglas», explica Alberto Bueno, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada y miembro del Spanish Research Group on Defence, Armed Forces, and Society (RODAS).
Y aunque hasta ahora era una práctica que la UE veía con recelo –de hecho, en junio recomendó su eliminación progresiva y apostó por alternativas «más eficientes y efectivas», como las patrullas policiales o la identificación biométrica–, lo cierto es que el clima político está cambiando. «Empieza a haber una crítica general a las premisas sobre las que se basa Schengen, sobre la libertad de circulación entendida de forma absoluta», sostiene Bueno.
Asimismo, considera que la inmigración, tal y como hoy es percibida por una parte importante de la opinión pública, se ha convertido en un argumento para justificar el restablecimiento de controles de facto o incluso para plantear una revisión en profundidad del funcionamiento de Schengen. «Ese es el debate que está sobre la mesa: si se quiere mantener el sistema tal y como lo conocemos, deberá reforzarse el control fronterizo en el perímetro exterior », concluye.
Esa es, de hecho, la conclusión a la que llegaron el martes los Ministros de Interior UE durante una cumbre virtual extraordinaria en la que acordaron reforzar las frontera, los retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta. Los detalles, sin embargo, se discutirán en en el próximo Consejo Europeo, en la que los líderes quieren una política migratoria común, que vaya en una dirección similar en el conjunto de la UE.