Gabinete de crisis en La Mareta por Ceuta: Sánchez prevé citar a Marlaska, Robles y Albares
La avalancha migratoria que colapsó Ceuta (85.000 habitantes) en 48 horas, con la entrada ilegal de entre 60.000 y 72.000 personas, según las estimaciones del ejecutivo ceutí y del propio Gobierno, ha abierto de una de las crisis políticas más importantes de la era Sánchez en Moncloa.
El episodio ha tensionado las costuras del Estado, como puso de manifiesto el inusual cabreo del Rey, que demandó a los poderes públicos que no «vuelva a repetirse» una flagrante violación de la integridad territorial del país y que tanto ha evocado la Marcha Verde de 1975 sobre el Sáhara.
Pese a que la ciudad autónoma recupera poco a poco la normalidad, lo cierto es que las huellas de decenas de miles de inmigrantes deambulando por Ceuta serán difíciles de borrar, porque han dejado al descubierto la gran debilidad de España y su principal amenaza geopolítica: Marruecos y el control de la frontera Sur de la Unión Europea, por la que Madrid ha recibido la presión de varias capitales europeas.
El presidente del Gobierno está desde el pasado sábado de vacaciones en la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote, con su familia más próxima; su mujer, sus dos hijas y sus padres. Pero el presidente no puede dejar de lado sus responsabilidades. Por eso, según ha sabido LA RAZÓN por fuentes gubernamentales y ha confirmado con otras al tanto del dispositivo de seguridad de La Mareta, Sánchez ultima una «cumbre» veraniega en los próximos días con los ministros del Interior, Fernando Grade-Marlaska; de Defensa, Margarita Robles, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
El jefe del Ejecutivo se ha visto obligado, ante la gravedad de los acontecimientos, a convocar un gabinete de crisis para hacer un control de daños exhaustivo e intentar dar carpetazo a la crisis con el menor coste posible. Su equipo en el gabinete de Presidencia lleva una semana sin dormir apenas tratando de apagar el incendio. La cita, en cualquier caso, no estará exenta de tensiones. La gestión de la crisis ha abierto una brecha en el seno del Ejecutivo.
La guerra entre Interior y Defensa lleva días escalando a cuenta del papel de los servicios de información del Estado. Robles y Marlaska se lanzan reproches mutuos. La titular de Defensa salió en defensa de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, según el relato de varias fuentes, habría notificado al Gobierno con anterioridad suficiente de la concentración de migrantes en la frontera de Ceuta. Robles no afirma ni desmiente tal aviso, pero de sus declaraciones se deduce que sí hubo tal alerta.
Por su parte, Marlaska niega la mayor. Ayer, aunque respaldó el trabajo del CNI, volvió a reiterar que por Moncloa no circuló ni un solo informe de aviso. Un día antes, Robles recordó que hay servicios de información que dependen de Marlaska, lo que significa un sonoro tortazo a la gestión del titular de Interior, que vuelve a estar en el centro de la diana junto a su colega de Exteriores.
José Manuel Albares –y el propio Pedro Sánchez– llevan varios días exculpando a Marruecos de cualquier responsabilidad en la avalancha pese a que los propios servicios de seguridad nacional reconocen en sus informes que la seguridad de la frontera depende, en buena medida, de las fuerzas de seguridad marroquíes, a la orden del Rey de Marruecos. Hasta ahora todo han sido buenas palabras hacia Rabat para mantener un difícil equilibrio. Pero Robles ha sido la única ministra que ha roto la diplomacia española al apuntar de forma velada hacia Rabat como colaborador necesario en el desbordamiento de la frontera; primero con las llegadas a nado de las que advirtió el Departamento de Seguridad Nacional ya en 2025 y, después, a través del propio vallado.
Pese a todo, el Gobierno consiguió ayer uno de los objetivos políticos que perseguía desde el inicio de la crisis: convertir la avalancha migratoria de Ceuta en un problema europeo y no exclusivamente español. La reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión, convocada a petición de Sánchez, concluyó con un respaldo general a la actuación de España y con el reconocimiento de la rapidez con la que el Ejecutivo recuperó el control de la frontera. Moncloa encontró el apoyo institucional que había reclamado después de denunciar la actitud «insolidaria» de algunos socios comunitarios durante los primeros días de la crisis.
Sin embargo, ese respaldo vino acompañado de un tirón de orejas. Los ministros apostaron por reforzar las fronteras exteriores, mejorar los sistemas de alerta temprana y acelerar las devoluciones, mientras el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, advirtió de que la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español constituye una «mala señal para Europa». El Ejecutivo podrá presentar la reunión como un éxito, pero la crisis también ha acelerado el giro de la Unión hacia una política migratoria más exigente que Sánchez ya piensa en combatir ideológicamente.