El otro instructor de las "cloacas" dice "no" a citar a más del PSOE
El juez Arturo Zamarriego, que también investiga en su tribunal de Madrid a las «cloacas del PSOE», rechaza, por segunda vez, citar a declarar como testigos a Juanfran Serrano, diputado socialista y antigua mano derecha de Santos Cerdán, e Ion Antolín, que fue jefe de prensa de Ferraz y fugazmente secretario de Estado de Comunicación.
Una de las acusaciones populares, Hazte Oír, solicitó que fueran interrogados tras conocerse que ambos participaron en las reuniones que la presunta trama vinculada a Leire Díez mantuvo en la sede central de la formación política, en abril de 2024, coincidiendo con la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y los cinco días de reflexión en que Pedro Sánchez amagó con abandonar el poder.
Ahora, en un nuevo auto, conocido por LA RAZÓN en primicia, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid estima que no procede llamar a comparecer ni a Serrano ni a Antolín porque se han practicado ya «numerosas diligencias» de investigación, «muchas de ellas a solicitud» de la mencionada asociación, y estas dos testificales –considera el instructor– «no contribuirá a un mayor esclarecimiento de los hechos investigados». Que no son otros que las supuestas maniobras llevadas a cabo contra jueces, fiscales de Anticorrupción y mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, especialmente el teniente coronel Antonio Balas.
Además, el juez Zamarriego apunta en su resolución que acordar su declaración en calidad de testigos en este momento sería perjudicial para los fines de este procedimiento, dado que tiene pendiente resolver (desde hace dos meses) el requerimiento de inhibición cursado por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que indaga, aunque de manera más amplía, en este entramado que lideraría Cerdán, con la ayuda de la exmilitante socialista Díez, para «desestabilizar» investigaciones judiciales y policiales que afectan al Partido Socialista y al entorno del jefe del Ejecutivo.
En este sentido, el juez Zamarriego recuerda a la referida acción popular que, de ser aceptado por su parte el unificar las causas en la Audiencia Nacional, la petición de citar a Serrano y Antolín podría reiterarla ante Pedraz.
El pasado mayo, el instructor de las «cloacas» en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) rechazó, de igual manera, interrogar al antiguo director de comunicación del PSOE y al que fue el «número dos» de Cerdán en la Secretaría de Organización de Ferraz.
Hay que tener en cuenta que el juez Pedraz señaló la existencia de indicios de que los dos colaboraron con el presunto grupo criminal en «concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan».
Serrano, por ejemplo, habría intentado, tras requerírselo Díez, conseguir un puesto de trabajo para la denunciante del fiscal José Grinda (quien denunció que fue objeto de un intento de soborno para que facilitase «trapos sucios» del que era su superior, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón).
En cuanto a Antolín, según recogió Pedraz en base a las pesquisas de la UCO, se habría encargado de gestionar un pago de 20.000 euros del PSOE a las «cloacas» a través de Crónica Libre, el medio de la fallecida Patricia López.
Como novedad, el juez Zamarriego también ha rechazado una serie de recursos contra decisiones suyas. No estima el que interpuso hace varios meses el juez jubilado Manuel García-Castellón contra su exclusión del proceso judicial, donde se le permitió, en un principio, personarse en calidad de perjudicado para ejercer la acusación particular.
Por un lado, el magistrado instructor niega que se le generase una «absoluta situación de desigualdad», en el mes de febrero, cuando acudieron a declarar Cerdán y Antonio Hernando –que también estuvieron presentes en las citas de Ferraz bajo sospecha–.
Zamarriego defiende que «es notorio» que permitió a la abogada de García-Castellón estar presente en estas testificales y en otras posteriores, aunque como oyente y sin posibilidad de realizar preguntas. «Precisamente, en aras de evitar la situación denunciada hasta la resolución del recurso», ahora conocida.
Por otro lado, siguiendo el criterio de la Fiscalía, el juez sostiene que «sigue sin haber concreción de ningún hecho que avale dicha condición (de perjudicado), más allá de la referencia a artículos periodísticos» realizada por su representación. Pese a que el fiscal Ignacio Stampa, el otro fiscal que denunció un intento de soborno de Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, detalló que buscaron en él informaciones comprometedoras del que fuera instructor del «caso Villarejo».
Tiene en cuenta, además, que recientemente la instancia superior a él, la Audiencia Provincial de Madrid, confirmó la exclusión de Víctor de Aldama del procedimiento, tras haber sufrido idéntica situación. Las fuentes jurídicas consultadas confirman a este diario que García-Castellón peleará para estar personado y acudirá en apelación ante la Audiencia de Madrid.