Contraloría ordena compensar a usuarios por cobros excesivos en tarifas del AyA
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó compensar a la población usuaria por montos cobrados en exceso en las tarifas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La medida se aplica a los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes.
El ente fiscalizador dirigió la disposición a Lourdes María Sáurez Barboza, presidenta ejecutiva del AyA, y a Jorge Luis Sanarrucia Aragón, intendente de agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Ambos jerarcas deberán coordinar la compensación mediante las nuevas fijaciones tarifarias y los mecanismos regulatorios.
El informe de auditoría detalló que el problema se originó por la desaplicación de la depreciación acumulada en el servicio de acueducto a partir de 2019. Además, influyó la permanencia de activos totalmente depreciados en la base tarifaria de alcantarillado e hidrantes, junto con la improcedente revaluación de bienes de uso general.
En un comunicado, la CGR indicó que por omisiones del AyA y de la Aresep se les cobra injustificadamente a los ciudadanos por activos completamente depreciados. La entidad estimó estos cobros en ¢38.816 millones en alcantarillado, ¢26.074 millones en agua potable y ¢511 millones en hidrantes.
El órgano contralor señaló que los mecanismos elegidos deben garantizar la sostenibilidad del servicio y el equilibrio financiero del operador. La compensación debe asegurar que las personas paguen únicamente por los costos reales, necesarios y debidamente justificados.
A más tardar el 30 de junio de 2027, debe haber una certificación que acredite la identificación de los montos cobrados en exceso y los mecanismos compensatorios definidos.
El informe evalúa la regulación tarifaria a cargo de la Aresep y la gestión operativa y financiera del AyA durante el período comprendido entre el 1.º de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.
Otros hallazgos de la auditoría
La CGR mencionó que la auditoría también encontró:
- El AyA mantiene rezagos tarifarios de 2 años en acueducto, 5 años en alcantarillado, 6 años en hidrantes y 21 años en servicios conexos. De acuerdo con la CGR, esto pone en riesgo la continuidad del servicio.
- La institución utilizó recursos de otros servicios para cubrir pérdidas operativas por ¢9.292 millones en acueductos durante el año 2024.
- El AyA multiplicó en más de 140 veces el valor de tuberías viejas en una zona donde se pierde el 70% del agua, pero la Aresep denegó su reconocimiento en tarifas por no reflejar las condiciones reales ni generar beneficios a los usuarios.
- El desorden financiero proyecta un déficit tarifario en acueductos, según el AyA, superior a ¢34.000 millones, amenazando futuras obras necesarias para la calidad y continuidad del servicio.
Ante este panorama, la Contraloría emitió una serie de disposiciones a la jerarca del AyA. Entre ellas, Suárez debe implementar antes del 28 de febrero de 2027 un plan para presentar tarifas anuales de forma oportuna.
También tiene tiempo hasta el 30 de marzo de 2027 para crear un mecanismo contable que desagregue el superávit por servicio y componente tarifario. Asimismo, la funcionaria debe diseñar antes del 30 de octubre de 2026 una metodología para deducir el desgaste físico y la obsolescencia técnica en la revaluación de activos.
Por su parte, Sanarrucia, de la Aresep, debe ejecutar una fiscalización financiera-contable directa sobre el AyA. Esta revisión busca garantizar el principio de servicio al costo y prevenir subsidios cruzados. El intendente de agua debe entregar el informe el 30 de junio de 2027.