Meloni endurece el código penal ante el auge del general 'ultra' que amenaza su hegemonía
El pasado mes de julio, el líder de la Liga y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, se presentó dos veces en la cárcel de Bollate, en Milán, para mostrar su solidaridad con un hombre condenado en vía definitiva por matar a tiros a dos ladrones que entraron a robar en su joyería en 2021. "Es una pena excesiva", denunció ante los periodistas que le esperaban a las puertas. Y anunció: "Estamos examinando todos los aspectos legales y, si fuera posible incluirlo en nuestras listas electorales, estaría orgulloso de hacerlo".
Mario Roggero, de 72 años, se ha convertido en el héroe del verano para la derecha en Italia. El Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, reclama para él un indulto y estudia ampliar la ley de la legítima defensa que el mismo Salvini impulsó en su anterior etapa como ministro del Interior.
El Tribunal Supremo italiano condenó a 14 años y 9 meses al joyero al considerar que no actuó en defensa propia cuando disparó por la espalda a los atracadores en su huida, matando a dos de ellos e hiriendo a un tercero en mitad de la calle. Los cacos habían entrado a robar en su joyería y amenazado a su familia con pistolas que más tarde se descubrió eran de juguete.
El mayor defensor del joyero justiciero
El condenado siempre ha defendido que actuó en legítima defensa empujado por el terror que sufría tras un robo precedente en su mismo negocio en 2015. La sentencia desencadenó una nueva ofensiva del Gobierno de Meloni contra la magistratura. La primera ministra subió la apuesta y anunció la introducción de una disposición en el proyecto de ley de seguridad que incluye la prohibición de reclamar una indemnización a quienes sufren daños al cometer un delito. "Quienes cometen delitos no pueden ser indemnizados. Basta de paradojas: Me atacan, me defiendo", dijo la líder italiana.
Sin embargo, mientras el Gobierno se movilizaba por el caso, el eurodiputado y exgeneral del Ejército, Roberto Vannacci -que abandonó la Liga para fundar su propio partido 'ultra', Futuro Nacional-, les ha adelantado por la derecha, convirtiéndose en el mayor defensor del joyero justiciero, cuyo caso lleva años ocupando las tertulias televisivas. "Todos somos Mario Roggero", lanzó Vannacci en una de sus intervenciones en las que criticó la decisión de los jueces y pidió el indulto para el condenado, una prerrogativa que depende exclusivamente del jefe del Estado, Sergio Mattarella.
Antes de que el Parlamento bajara la persiana por vacaciones, Futuro Nacional presentó una propuesta de ley 'express' para ampliar el alcance de la legítima defensa que, entre otras cuestiones, propone que se pueda aplicar no solo cuando existe un "peligro presente", como contempla la ley actual, sino un !peligro percibido". La respuesta del Gobierno de Meloni, cuya popularidad en las encuestas se ha visto mermada desde la aparición del partido de Vannacci, fue aprobar un día más tarde una reforma penal que permitirá imputar automáticamente a los jóvenes desde los 14 años.
Cambios en el mecanismo de evaluación
La reforma judicial, que tendrá que ser aprobada por el Parlamento, no reduce la edad de responsabilidad penal, que ya estaba fijada en 14 años, pero sí modifica el mecanismo de evaluación. Actualmente, el juez debe verificar, caso por caso, la capacidad de comprensión en el momento del delito de los menores de entre 14 y 17 años, mientras que la nueva normativa considerará que, en general, el menor es capaz de comprender el significado de sus actos y será la defensa del menor quién deberá demostrar que no era consciente.
El objetivo, según Meloni, es luchar contra la criminalidad juvenil y contra quienes utilizan a los menores para cometer delitos, "pero sobre todo para castigar a aquellos chicos que piensan que pueden hacer lo que quieran porque saben que nos les pasará nada". En un comunicado, la asociación italiana de penalistas denunció la instrumentalización de la justicia por parte del Gobierno y expuso su "profunda preocupación por la continua escalada del debate público" sobre cuestiones penales "como herramienta para lograr consenso electoral".
De la misma manera se pronunció el presidente de la Asociación Italiana de Jueces de Menores y Familia, Claudio Cottatellucci. El magistrado consideró la reforma "propaganda" que socava los principios fundacionales de la justicia juvenil italiana, que se sustenta en la rehabilitación y no en el castigo, además de plantear "serias dudas constitucionales". "No veo qué problema concreto resuelve", denunció. Según un informe de Save the Children, el número de sobreseimientos por inmadurez comprobada pasó de 256 en 2004 a 60 en 2024 en Italia, y sólo hubo cuatro absoluciones en el último año.