El Supremo rechaza la suspensión urgente de los plazos procesales en los juzgados de las zonas de los incendios
El Tribunal Supremo no paralizará de forma urgente los plazos procesales en los juzgados de los municipios afectados por los incendios en las provincias de Madrid, Toledo, Ávila y Castellón.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado la solicitud de medidas cautelarísimas que aplicación había instado el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ante la negativa de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a adoptar la iniciativa. Ahora, la Sala tramitará esa solicitud de suspensión por la vía cautelar, dando voz a las partes afectadas antes de decidir al respecto.
En la resolución en la rechaza esa petición, el alto tribunal señala que "no es en absoluto insensible a la tragedia que estamos viviendo, ni a las enormes dificultades que por causa de ella deben afrontar muchos abogados y otros profesionales y usuarios de la Justicia". Sin embargo, expresa su confianza en que "si el CGPJ considerase que, en algún momento y lugar, las consecuencias de los gravísimos incendios necesitan ser combatidas mediante la suspensión generalizada de señalamientos y plazos judiciales, nada le impediría dotar a su decisión de eficacia retroactiva”.
Funcionan con normalidad según el CGPJ
Los magistrados argumentan que el hecho de que ahora mismo "no se suspendan con alcance general todos los señalamientos y plazos procesales" no implica que los daños que pudieran producirse "fuesen irremediables, pues siempre quedaría abierta la vía" del artículo 39.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Este determina que los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva "cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas". Una normativa que, recuerda la Sala, "rige supletoriamente para la actuación del CGPJ", según dispone el artículo 642 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además, añade el Supremo, "en este momento quedan pocos días para el inicio del mes de agosto, que no es hábil para la mayoría de las actuaciones procesales ni para el cómputo de los plazos".
Respaldo al Consejo
A los magistrados no les resulta convincente la afirmación del ICAM de que la respuesta dada por la Comisión Permanente del CGPJ es inadecuada y que, por tanto, en lugar de una solución caso por caso, como promueve el órgano de gobierno de los jueces, debe tomarse una medida de alcance general para afrontar el riesgo inmediato de que venzan los plazos establecidos por imposibilidad de cumplirlos ante la situación que viven esos municipios.
El auto incide en que el CGPJ -que tras recabar información de los tribunales superiores afectados concluyó que los juzgados y tribunales de las zonas afectadas por los incendios forestales funcionan con normalidad- rechazó la solicitud formulada por el Colegio de la Abogacía de Madrid, y también por el Consejo General de la Abogacía Española, después de que los presidentes de esos tribunales superiores le informaran de que todas las sedes judiciales estaban abiertas y en funcionamiento.
Atendiendo a esas circunstancias, subraya la Sala, la Comisión Permanente consideró que la situación podía ser afrontada por medios estrictamente jurisdiccionales y sin necesidad de suspender señalamientos y plazos con carácter general, pese a que acordó hacer un seguimiento de la evolución de los acontecimientos.