El Gobierno solo ha cumplido el 18% del pacto de coalición entre PSOE y Sumar
El pasado jueves, minutos después de que el Congreso tumbara la senda de déficit del Gobierno, los servicios de comunicación del PSOE empezaron a difundir una noticia entre la prensa. Era un artículo de la propia página web de los socialistas en el que se congratulaban de haber aprobado un total de 74 leyes en lo que va de legislatura, que arrancó hace exactamente tres años con las elecciones del 23 de julio de 2023.
A pesar del ejercicio de propaganda, la realidad es que la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno ha convertido esta legislatura en una de las menos prolíficas de la historia en cuanto a la aprobación de leyes, sólo superada por las dos en las que hubo que repetir las elecciones. Esta situación también está afectando al pacto que firmaron PSOE y Sumar para crear el actual Gobierno de coalición.
En ese pacto había un total de 241 medidas que suponían la hoja de ruta de la coalición, la estructura de intenciones y normativa sobre la que en teoría se iba a erigir el Gobierno progresista. Sin embargo, según un análisis realizado medida a medida por LA RAZÓN, en los tres años que van de legislatura sólo se han podido cumplir 44 de ellas. Esto supone un grado de cumplimiento de nada más que el 18,3%.
Del resto de puntos incluidos en el pacto, el 35,3% (85 de ellos) son medidas indefinidas, declaraciones de intenciones o posicionamientos políticos cuya clasificación es absolutamente subjetiva. El 17,8% (43) son medidas que se han desarrollado solo de manera parcial y el 28,6% (69) directamente ni se han cumplido.
Ya han transcurrido tres años de legislatura y, si Pedro Sánchez no adelanta las elecciones generales, quedará como mucho un año para que concluya. En todo este tiempo, si se suman las medidas cumplidas al completo y las de manera parcial, el Gobierno de coalición solo ha podido hacer realidad en torno a un tercio de sus compromisos.
Estos datos contradicen no sólo el argumentario del PSOE cuando defiende su actividad legislativa, sino también el de Sumar cuando sus integrantes apuestan por quedarse en el Ejecutivo. Mientras que la mayoría de socios de investidura ya han abandonado a Sánchez en el Congreso, la coalición de Yolanda Díaz suele defender su permanencia porque, aseguran, sólo así pueden hacerse políticas para transformar la vida de la gente. Ahora se ve, sin embargo, que en realidad hay poca transformación.
Los incumplimientos
El principal motivo para que el PSOE y Sumar no sean capaces de implementar su acuerdo de Gobierno, vista la naturaleza de las medidas, es la dificultad para aunar mayorías en el Congreso. Sin embargo, no es el único. Los dos partidos también se comprometieron a hacer cosas que sólo dependen del Ejecutivo y tampoco se están convirtiendo en una realidad.
Por ejemplo, el pacto recoge el compromiso de aumentar el parque público de vivienda hasta el 20% del total. Es decir, que una de cada cinco casas en España fuera pública. A pesar de la actual crisis de acceso a la vivienda, uno de los principales problemas de la legislatura (el principal, según el CIS), en 2025 el Gobierno reconoció que el parque público representaba el 3,4%. Si bien había crecido levemente, todavía se encontraba muy lejos del 20% prometido.
En materia de vivienda, PSOE y Sumar también se comprometieron a hacer realidad una serie de medidas contra los desahucios que, sin embargo, topan con una mayoría en contra cada vez que llegan al Congreso. Ahora el Ejecutivo está preparando otro real decreto que seguramente sea tumbado en cuanto se vote, porque la oposición y parte de sus socios no comparten esas políticas.
Otro asunto del que intentaron hacer bandera, que se incluyó en el pacto y que no hay forma de hacer realidad es la derogación de la "ley mordaza". Ya en el documento no se comprometieron a derogarla al completo, sino a reformar algunos aspectos concretos, pero ni aun así. La reforma de la ley, que cumplió 11 años en junio, sigue varada en el Congreso por los intereses divergentes de los distintos socios de Sánchez.
Algo similar pasa con la Ley contra la Trata, un asunto que (como el de abolir la prostitución), el PSOE pone encima de la mesa de vez en cuando, pero para el que no logra convencer a sus socios. Además, en este tema, los socialistas no quieren apoyarse en el PP a pesar de que podría ser posible lograr acuerdos. La confrontación ideológica es tal que temen que les pueda pasar factura en el espectro izquierdo de su electorado.
Los incumplimientos también afectan a algunas de las medidas estrella del espacio de Sumar, como la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas y la aprobación de una ley de usos del tiempo. El Gobierno, especialmente el sector de Díaz, ha intentado sacar adelante estas medidas, pero con la intención no vale.
Hay otra norma de la que no se habla demasiado, pero que sirve para reflejar perfectamente esta situación: la Ley de Familias. Ya se intentó aprobar la pasada legislatura y se volvió a intentar esta. El Gobierno llevó el proyecto de ley al Congreso en marzo de 2024 y, desde entonces, ahí ha estado atascada. Lleva casi dos años y medio en tramitación y es el proyecto de ley más prorrogado de toda la Cámara Baja. No se lleva a debate porque, simplemente, acabaría siendo tumbado.
Cumplidos al completo o en parte
Una de las medidas que se ha materializado solo parcialmente es de rabiosa actualidad. PSOE y Sumar se comprometieron a impulsar desde el Gobierno una Estrategia nacional contra incendios de nueva generación, "que intensifique la coordinación con las Comunidades Autónomas en la prevención de incendios forestales y refuerce las competencias del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales". Esa estrategia no se ha hecho. Lo que sí se ha llevado a cabo es la segunda parte de esa misma medida, la de tramitar el estatuto de los bomberos y de los agentes forestales.
Los mismos elementos que han hecho que el Gobierno no cumpla muchas de sus medidas, como la falta de iniciativa por parte del Ejecutivo o la falta de mayorías parlamentarias, también han provocado que algunos de los hitos que sí se han desarrollado, lo hayan hecho de manera descafeinada.
Por ejemplo, el PSOE y Sumar pactaron mantener el impuesto a la banca y a las energéticas de la pasada legislatura. Si bien el de la banca sí se pudo salvar, las reticencias de socios como Junts al de las energéticas acabaron haciendo que decayese en una votación que tuvo lugar en diciembre de 2024, justo un año después de la firma del pacto.
Pasó algo muy similar con una medida que prometía garantizar el acceso a una dieta saludable y prohibir la publicidad de alimentos insanos o las bebidas energéticas para los menores. La primera parte sí se ha abordado a partir de una proposición no de ley (PNL), pero la ley para prohibir lo segundo decayó.
Otras medidas se han desarrollado de forma parcial porque no se han llevado a cabo de una forma tan ambiciosa como el Gobierno las prometió. Es el caso de una iniciativa que prometía una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar el acceso a una hipoteca a los jóvenes y así posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas. El pasado mes de junio se tuvieron que cambiar los requisitos para acceder a la hipoteca porque sólo habían conseguido dar 10.000 préstamos.
A pesar de este clima generalizado de incumplimientos, el Gobierno sí ha podido sacar adelante algunas medidas de las que se congratula. Es el caso de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del reconocimiento de Palestina o de la mejora del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pero incluso en este cajón de luces verdes, algunas de las promesas sólo han sido posibles gracias a la colaboración del PP, como cuando se logró la reforma del artículo 49 de la Constitución, el pacto de Estado sobre salud mental y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque esta última costó, y mucho, no deja de haber sucedido.