Más de un millar de aficionados toman Zaragoza contra el expolio fiscal y el boicot de la DPZ al toreo
La indignación del planeta taurino ha tomado este miércoles el corazón de Zaragoza en forma de movilización social y profesional. Con puntualidad casi ritual a las 11:00 horas, más de un millar de aficionados, acompañados por matadores y profesionales de la talla de Raúl Gracia "El Tato", Jorge Isiegas, Paul Abadía "Serranito", Ricardo Torres, Cristiano Torres y Aarón Palacio, entre otros, partieron desde la puerta grande de La Misericordia bajo el lema "Zaragoza quiere toros". La marcha, que culminó ante la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), expuso la fractura irreparable entre el sector y el equipo de gobierno de Juan Antonio Sánchez Quero tras meses de demoras, desprecios institucionales y reveses administrativos que han llevado al borde del abismo a una feria histórica como El Pilar.
El clímax de la jornada coincidió con la notificación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que concedió las medidas cautelares solicitadas por la DPZ para suspender el veto del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TACPA). Esta decisión judicial permite reactivar de urgencia el procedimiento de adjudicación entre las empresas concurrentes. Sin embargo, lejos de interpretarse como una victoria de la gestión provincial, la resolución deja al descubierto una perversa paradoja: al respaldar un concurso basado en la subasta pura y dura al mejor postor, la Justicia bendice un modelo mercantilista que asfixia la economía del toreo y traslada el coste de la licitación a la subida del precio de las entradas y a la merma de los honorarios de diestros y ganaderos.
Desde una perspectiva rigurosa, la figura de Sánchez Quero emerge como el gran beneficiario de este engranaje de explotación patrimonial. Resulta sangrante que, mientras la DPZ niega el auxilio económico a las escuelas taurinas de la tierra y discrimina activamente a la Tauromaquia en sus repartos presupuestarios de cultura, pretenda ingresar cuantías desorbitadas por el mero arrendamiento de un coso propiedad de los ciudadanos. De este modo, figuras de la talla de Morante de la Puebla o Roca Rey acabarán toreando en La Misericordia para financiar a una administración declaradamente hostil con la Fiesta, convirtiendo al presidente provincial en el actor que más dinero extrae del espectáculo sin aportar un solo euro a su fomento.
En el plano procesal, el tribunal justifica su medida cautelar para evitar un daño económico irreparable a la institución, eludiendo valorar la naturaleza de bien de interés y patrimonio cultural protegible que la ley y la Constitución otorgan a la Tauromaquia. Al no considerar la actividad como un servicio público de competencia estricta, la resolución judicial exime a la DPZ de aplicar criterios de fomento o protección de la cultura taurina, abriendo la puerta a que el inmueble se explote con un afán puramente recaudatorio, en abierta contradicción con la doctrina del Tribunal Supremo sobre el trato no discriminatorio respecto a otras artes.
Horas antes del arranque de la marcha, Sánchez Quero trató de instrumentalizar el fallo judicial en una comparecencia de urgencia en la propia plaza, anunciando la convocatoria inmediata de la mesa de contratación y lanzando acusaciones de mala fe contra las empresas licitadoras, la patronal ANOET y el Partido Popular. No obstante, la presión ciudadana y la firmeza del convocante, Juan Altimasveres, forzaron al dirigente socialista a desistir de su intento de sumarse a la manifestación. La afición aragonesa ha dejado claro en la calle que La Misericordia no puede continuar sometida a la improvisación y al mercadeo ideológico de una institución que confunde la titularidad de un edificio histórico con el derecho a desmantelar su vida cultural.