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"Julito" dice al juez que Zapatero ordenó diversificar la comisión del 1% del rescate de Plus Ultra a través de varias empresas

Julio Martínez, el empresario clave del "caso Plus Ultra", ha hecho efectiva en la Audiencia Nacional su disposición a colaborar con la Justicia, aunque con matices. Tras asegurar por escrito al juez José Luis Calama que José Luis Rodríguez Zapatero sí efectuó gestiones para conseguir el rescate de la aerolínea, "Julito" ha apuntado que desconoce con quién el expresidente hizo las posteriores actuaciones para influir en la concesión de 53 millones de euros a Plus Ultra.

El empresario -que pagó al expresidente casi medio millón de euros por supuestos trabajos de consultoría y otros 239.000 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas- ha mantenido ante el magistrado en su declaración como investigado de casi cuatro horas que fue el exlíder socialista el que ordenó que se diversificaran los pagos de la comisión del 1% del rescate de la aerolínea a través de varias sociedades, entre ellas, la de sus propias hijas. "Julito" ha afirmado también que las hijas del expresidente elaboraban maquetas de informes de consultoría y que, por ello, se le abonaban unos honorarios. No obstante, ha recalcado que, a partir de 2022, estas no elaboraron ningún trabajo, pese a que él les seguía pagando unas cantidades de dinero. Sobre esta sociedad, el magistrado Calama ha encargado, además, una información exhaustiva.

24 horas después de su confesión, el empresario ha confirmado también que las labores de asesoría que elaboraba el expresidente eran verbales y personalizados y ha señalado al exlíder socialista al explicar que él fue quien le puso en contacto con la ahora presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que a partir de ese momento su contacto en dicho país, donde reconoció haber hecho gestiones, era ella.

Asimismo, el "amigo" del expresidente ha confirmado sus gestiones con Plus Ultra, asegurando que él era el intermediario entre la aerolínea y Zapatero; motivo por el que el instructor le ha definido como un "correveidile".

También ha detallado que el dinero en efectivo hallado en el registro de su vivienda procedía de fuentes no declarables, es decir, que era "negro", aunque en el escrito que entregó ayer al juez apuntaba que se correspondía con unas operaciones inmobiliarias.

Martínez ha acudido a la Audiencia Nacional horas antes de que su abogada, María Dolores Márquez de Prado, trasladase por escrito al juez Calama su disposición a "colaborar" para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados, siguiendo así la estela del empresario Víctor de Aldama en el "caso Koldo", cuyas confesiones fueron premiadas por el Tribunal Supremo con una condena menor que le ha permitido eludir el ingreso en prisión.

En ese escrito, el empresario desmiente la versión del expresidente del Gobierno al detallar las supuestas gestiones que realizó para conseguir el rescate de la aerolínea, por el que la compañía aérea -según ha asegurado al juez el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola- pagó a "Julito" una comisión del 1% que superó el medio millón de euros.

La versión de Julio Martínez apunta a que era Zapatero "quien marcaba los pasos a seguir" a la compañía aérea para que esta pudiese conseguir financiación, y en particular el rescate a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (una vez intentada sin éxito la vía de los fondos ICO).

En este sentido, afirma que el contrato de asesoramiento firmado por su empresa, la consultora Análisis Relevante (a razón de 5.000 euros al mes), eran unos honorarios "en concepto del asesoramiento que desde mayo" de 2020 "venía dando el señor Rodríguez Zapatero". El exlíder del PSOE se había quedado fuera del accionariado de la consultora, pero -sostiene Martínez- "era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes".

Comisión del 1%

Adicionalmente, asegura que el 19 de enero de 2021 se firmó un nuevo contrato entre Plus Ultra y la sociedad Idella Consulenza Strategica por el cual la compañía aérea se comprometía a pagar el 1% de la financiación obtenida si se conseguía el rescate. Un pago que por la "presión mediática" se decidió diferir a lo largo del tiempo, hasta 2026, facturando parte de esas cantidades a través de otras empresas de Martínez.

Tras el éxito de la operación, explica que la relación profesional entre Análisis Relevante y Plus Ultra se amplió desde marzo de 2021 a "cuestiones a resolver en Venezuela".

Precisamente por su condición de expresidente del Gobierno y por "sus relaciones personales y profesionales", el exlíder del PSOE "captó a las cuatro empresas que contrataron con Análisis Relevante hasta el año 2025".

Uno de los primeros clientes fue, precisamente, Plus Ultra. Fue Zapatero quien, según la versión del empresario, quien le adelantó en mayo de 2020 que "iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía".

Zapatero anticipó la concesión del rescate

Y así sucedió el 16 de mayo, cuando Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de la aerolínea, y el CEO de la misma, Roberto Roselli, le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de los que ya habían puesto al corriente al expresidente del Gobierno, "y de la necesidad de buscar financiación".

Y dado que "Julito" no tenía "posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada", fue Zapatero quien marcó las pautas. Primero, sugiriéndoles que mandaran una carta al vicepresidente del Banco Santander para la concesión de un crédito ICO. Y aunque también llamaron a la puerta de La Caixa, "ninguna de esas vías dio resultado".

Pero una vez se creó ese Fondo de Apoyo a empresa con problemas de solvencia, las gestiones de Plus Ultra "se dirigieron a la obtención de la ayuda".

Fue precisamente Zapatero, explica, quien el 26 de febrero de 2021 comunicó a Julio Martínez "que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado". Inmediatamente, el empresario lo puso en conocimiento de los principales accionistas de la compañía. Y así fue. El Consejo de Ministros aprobó el rescate el 9 de marzo, una semana más tarde del previo visto bueno de la SEPI.

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