La Operación Salida de este verano ha arrancado con un dato preocupante. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), junio ha sido el mes con mayor mortalidad en carretera desde 2010, con 142 personas fallecidas en 123 siniestros mortales, 51 víctimas más que en el mismo mes del año pasado. Este incremento se ha producido, además, en un contexto de mayor movilidad. Solo durante junio se registraron 42,8 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 3 % más que en 2025. La propia DGT señala que el aumento de la siniestralidad se concentra principalmente en las carreteras convencionales, donde fallecieron 111 personas, frente a las 58 registradas un año antes. También destaca el incremento de las salidas de vía y de las colisiones frontales, así como la aparición de varios accidentes con tres o más víctimas mortales. Y como parte del refuerzo de la vigilancia previsto, la DGT ha incorporado 33 nuevos radares, entre dispositivos fijos y de tramo, repartidos por diferentes puntos de la red viaria. La mayor concentración de nuevos controles se localiza en comunidades como Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Canarias, aunque también se han instalado nuevos radares en Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón y la Región de Murcia. Muchos de ellos se ubican en carreteras convencionales, precisamente donde se ha registrado el mayor incremento de la siniestralidad durante el último mes. Ante esta situación, desde Pyramid Consulting recuerdan que el incremento de los controles no elimina la obligación de la Administración de respetar todas las garantías legales del procedimiento sancionador, porque se dan situaciones en las que una multa puede ser anulada. Primero, cuando la prueba no acredita realmente la infracción. No basta con que una fotografía muestre la matrícula del vehículo. Para que una sanción por exceso de velocidad pueda mantenerse, la prueba debe permitir acreditar con claridad las circunstancias en las que supuestamente se produjo la infracción. En este sentido, la normativa exige que el expediente incorpore dos imágenes tomadas desde posiciones diferentes, de forma que permitan identificar correctamente el vehículo y contextualizar la infracción. No es suficiente con presentar una ampliación o recorte de una misma fotografía, ya que ambas imágenes deben aportar información distinta y complementaria. La correcta aplicación de los márgenes de error. Los radares están sometidos a márgenes de error establecidos por la normativa metrológica y su correcta aplicación puede resultar determinante cuando la velocidad registrada se encuentra próxima al límite sancionable. Cuando el procedimiento no respeta las garantías del conductor. No todas las anulaciones tienen su origen en el funcionamiento de un radar. En muchas ocasiones, el problema está en la propia tramitación administrativa. Cuando la Administración intenta completar el expediente demasiado tarde. El expediente sancionador debe estar completo desde el inicio y permitir al ciudadano conocer todas las pruebas durante la vía administrativa para poder defenderse en igualdad de condiciones.
