Congreso y Contraloría gastan más de S/ 500 mil en servicio de DirecTV para ver el Mundial
Mientras las entidades electorales advierten un déficit presupuestario que perjudicaría las Elecciones Regionales y Municipales, el Congreso de la República y la Contraloría han contratado un servicio de televisión por cable que alcanza S/567,324 para ver el Mundial de fútbol, según informó Leonardo Lazón, periodista de El Foco.
El Parlamento contrató a la empresa DirecTV por un monto total de S/310.392,00. Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante concurso público y entregó el servicio a la misma empresa por la suma de S/256.932,00 para abastecer a sus oficinas, gerencias y subgerencias. Entre ambas instituciones, el gasto final supera los 500 mil soles.
Distribución por edificios
De acuerdo con los Términos de Referencia (TDR) de la institución, no se trata de una simple renovación de canales para unas cuantas oficinas del Palacio Legislativo, sino que el plan contempla el cableado masivo de hasta 479 puntos de televisión por cable distribuidos estratégicamente en 10 edificios distintos del Cercado de Lima.
Para sustentar este gasto, el Congreso justificó el proceso con el argumento de la necesidad de "mantener un flujo permanente de información, a través de diferentes medios de televisión por cable que provean de señales privadas y/o abiertas de índole noticioso tanto locales como internacionales.
Además, en el documento institucional se añade que este servicio también es indispensable para la "difusión de las diferentes actividades que se realizan dentro de la institución para conocimiento de la ciudadanía".
Asimismo, el documento indica que el servicio también servirá para la difusión de las diferentes actividades que se realizan dentro de la institución para conocimiento de la ciudadanía, lo que obliga legalmente al proveedor a incluir de forma mandatoria y sin excepciones el canal Congreso TV dentro de la parrilla que se va a contratar.
Exigencias del contrato
El Congreso contrató el servicio por un plazo de "setecientos treinta días calendario", lo que equivale a dos años de un servicio que deberá operar de manera "ininterrumpida las 24 horas del día".
Además, lejos de solicitar un paquete básico, el Parlamento exigió a las empresas postulantes garantizar una grilla de canales especializada que incluya contenidos de corte "político, económico, social, tecnológico, de investigación y cultural".