El confidente que destapó el «caso Koldo» no tiene premio
El «caso Koldo» se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años. Tanto, que esa trama de comisiones por la compra de material sanitario durante la pandemia ha llevado a que el Tribunal Supremo condenara el pasado mes de junio por unanimidad a 25 años de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a 19 años y medio a su exasesor Koldo García por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Pero todo este escándalo político que ha terminado en un fallo impecable del alto tribunal empezó en un cruce de mensajes en abril de 2021; meses antes de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez cesara en el cargo a Ábalos. El «emisor» o el individuo que destapó el «caso Koldo» al proporcionar la primera información que permitió tirar del hilo fue un confidente de la Guardia Civil: José Luis Caramés, el empresario sobre quien se orquestó el bulo de la bomba lapa contra el presidente del Gobierno.
Según ha podido conocer LA RAZÓN, el empresario, que también ha sido procesado por la Audiencia Nacional en el marco de las pesquisas del «caso Gaslow» –que investiga una presunta organización criminal que defraudó 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos– lleva meses solicitando, a través de sus abogados, que los juzgados le entreguen la acreditación que certifique su condición de confidente del Instituto Armado. Hasta ahora, sin éxito, porque la respuesta es, o bien el silencio, o bien la ausencia del documento.
La paradoja es difícil de explicar. Según fuentes consultadas por este periódico, el empresario «no entiende» que desde la Administración le denieguen su solicitud después de que su nombre aparezca ligado al origen de una de las mayores investigaciones por corrupción de los últimos años.
Los mensajes conocidos entre Caramés y el entonces capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, que decía llamarse «Roberto Alcázar» y que era entonces el jefe de Fuentes Humanas de la UCO de la Guardia Civil, reflejan una relación continuada desde 2016 y el intercambio de información cuando el nombre de Koldo García aún no ocupaba titulares.
La conversación clave incautada por los investigadores fue el 5 de abril de 2021, cuando el empresario instó al capitán del Instituto Armado a hablar «sobre Koldo». «¿Te suena?», le preguntó Caramés. «No, ¿es euskaldún?», respondió Bonilla. «Mano derecha de los que trincan», explicó el empresario. «Joder, hay tantos que trincan, ¿pero ahora dónde?», continuó Bonilla. «Ahora en Panamá. Pero ninguno tan alto. Escucha, esto es delicadísimo», alertó el empresario. Se trata de unas conversaciones que, según fuentes cercanas al entorno del empresario, nunca tendrían que haber sido incluidas en ningún sumario por el «secreto» de la relación entre un guardia civil y su confidente.
Tres meses después de que el confidente revelara al agente las corruptelas de José Luis Ábalos y Koldo García, fue detenido en el marco de la operación de hidrocarburos del «caso Gaslow» y su colaboración con el Instituto Armado quedó en fuera de juego.
El nombre de Caramés ha vuelto a sonar en las noticias de los periódicos. Sobre todo, porque fue uno de los empresarios a los que los «emisarios» del PSOE ofrecieron un pacto con la Fiscalía. La presunta trama de las «cloacas» de Ferraz contactó con él para darle la posibilidad de hablar con el Ministerio Público por su imputación en el «caso Gaslow», pero a cambio de que incriminara a quien había sido su contacto en la Guardia Civil. El empresario rechazó la oferta y avisó a Bonilla, con quien no tenía relación desde su detención. En esas fechas, la presunta trama contactó también con otros empresarios del sector de los hidrocarburos.
El pasado mes de junio, el magistrado Santiago Pedraz, que instruye las pesquisas que tratan de averiguar si hubo una trama orquestada para «desestabilizar» los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno de Pedro Sánchez, citó a declarar en calidad de testigo a Caramés el próximo 9 de julio. Sobre todo, porque el empresario no quiso prestar declaración a los agentes de la UCO, que le interrogaron cuando destaparon las maniobras de las presuntas cloacas. En esa misma resolución judicial, Pedraz puso fecha a la declaración de una veintena de testigos.
En cualquier caso, Caramés, que sigue reclamando que desde los juzgados se le acredite su condición oficial de confidente del Instituto Armado, tendrá que acudir a comparecer como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 para corroborar o no el pacto que le ofrecieron desde Ferraz. En aquellas fechas, además, surgió el bulo de la «bomba lapa» contra él y el capitán Bonilla. Una cuestión que ha supuesto un prejuicio para el empresario y por la que el agente se querelló.