El Estado de derecho descansa sobre la vieja promesa de que la ley se aplica a todos por igual. No con mayor benevolencia a los cercanos al poder, ni mayor rigor a quienes no. Igual. La promesa es fácil de suscribir en abstracto pero incómoda cuando el afectado tiene su propio lado de la cama en Moncloa y directísimo acceso, por tanto, al más alto poder ejecutivo. Pongamos que hablo de Begoña. Hace unos días y tras dos años de instrucción, el juez Peinado consideraba que existían indicios suficientes para someter el caso al examen de un jurado popular e imponer medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en sede judicial. Cualquier penalista...
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