Está en su derecho Rodríguez Zapatero de plantear una estrategia procesal encaminada a lograr la nulidad de las graves causas que se instruyen contra él. Como cualquier ciudadano, puede escoger la defensa que considere más conveniente, incluida la impugnación de las pruebas obtenidas mediante la intervención de un teléfono por parte de las autoridades estadounidenses. No deja de resultar paradójico que quien ha dedicado años a blanquear al chavismo y a justificar un régimen opresor como el venezolano se acoja ahora a una duda sobre la actuación de una democracia consolidada como EE.UU. Más allá de la viabilidad jurídica de esa estrategia, su elección tiene una lectura política y moral. Al centrar su defensa en la nulidad del procedimiento, Zapatero parece asumir la dificultad de desmontar el fondo de las acusaciones. Renuncia así a una presunción de inocencia política que difícilmente recuperará, cualquiera que sea el desenlace judicial. Y queda inhabilitado para seguir impartiendo las lecciones de superioridad moral que han prodigado él, su partido y el actual Gobierno.
