Una de las constantes que definen el sanchismo es su determinación para infiltrarse en las instituciones y, desde dentro, hacer pasar por normal su sometimiento, siempre al servicio de los intereses políticos y personales de Pedro Sánchez y del Gobierno. Por ejemplo, la Guardia Civil. Las represalias contra figuras señeras del Instituto Armado, como los coroneles Pérez de los Cobos y Sánchez Corbí, marcaron el inicio de un plan para sojuzgar a la Benemérita. La investigación sobre las cloacas del PSOE, lideradas por Santos Cerdán y Leire Díez según las resoluciones judiciales, está revelando una verdadera fijación por convertir a la Guardia Civil en un peón del sanchismo. Su actual directora general, Mercedes González, se mantiene en su cargo no por convicción de su inocencia, sino por la normalización de la corrupción en los hábitos del Gobierno. El sanchismo es capaz de metabolizar y asimilar cualquier realidad corrupta porque es su manera de desafiar a la sociedad, a la Justicia y a la prensa libre. En condiciones de normalidad democrática, Mercedes González y el ministro Marlaska habrían dimitido hace semanas. Una y otro faltaron con descaro a la verdad y negaron las reuniones de Leire Díez con González, que tenían como finalidad algo tan sencillo como inmovilizar a la Guardia Civil en todo aquello que pudiera afectar a Sánchez. No han dimitido porque el sanchismo premia la sumisión. Tirando del hilo, la historia va encajando. Altos mandos del cuerpo animaron a los agentes de la Unidad Central Operativa «a no ser proactivos» y a «a ponerse de perfil» en los asuntos molestos para el PSOE. La UCO entró en la Dirección General, incluyendo el despacho de su más alto mando operativo, para buscar documentación que pudiera acreditar presiones, sanciones y expedientes a investigadores del Instituto Armado que hubieran osado preguntar por los casos que afectan al sanchismo. Leire Díaz no dudó en señalar al teniente coronel Balas como el objetivo principal de su campaña para frenar las investigaciones judiciales que preocupaban al presidente del Gobierno. Lo más preocupante de este escenario es que hubo mandos que se prestaron a la purga de la UCO, generando tensión interna entre fuerzas incompatibles: la que defendía la legalidad y la que optó por el sanchismo. Los jueces tienen en sus manos, en el marco de sus instrucciones penales, la posibilidad de identificar los puntos infecciosos de la Guardia Civil, pocos pero muy activos, y adoptar medidas para sanearlos. Pero no será suficiente si no se cambian las reglas del juego para que ningún gobierno pueda interferir en las labores que corresponden a la Guardia Civil y la Policía Nacional como policías judiciales. Dando por hecho que la sensatez se impondrá y que no habrá una nueva mecánica procesal en la que el fiscal dirija la instrucción penal, cuando cambie el ciclo político el nuevo ejecutivo y el próximo parlamento tendrán que crear las garantías necesarias para que todo órgano de policía judicial esté blindado frente a las presiones de los mandos políticos. Algo tan tradicional como la Cartilla del Guardia Civil cobra hoy un nuevo significado. En ella se lee: «El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil». Todo lo demás viene por añadidura.
