Las revelaciones contenidas en las agendas de Leire Díez han abierto una de las incógnitas más inquietantes de la presente legislatura. No se trata únicamente de conocer el alcance de las actividades de una 'militante' socialista especialmente activa, sino de determinar si al margen de los cauces institucionales establecidos existió una estructura paralela de relaciones, contactos e influencia destinada a servir objetivos políticos del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los cuadernos conocidos en los últimos días reflejan una actividad incesante. Nombres de altos cargos, responsables de organismos públicos, directivos empresariales, operaciones corporativas y estrategias de actuación aparecen entrelazados en unas anotaciones que no parecen ser las de una simple afiliada. Las referencias a movimientos relacionados con empresas estratégicas, participadas públicas y organismos del Estado revelan un nivel de interlocución que exige una explicación política convincente. Las preguntas son tan evidentes como incómodas. ¿Con qué objeto se reunía Leire Díez con responsables de la Fiscalía General del Estado ? ¿Por qué mantenía contacto con altos mandos de la Guardia Civil? ¿Qué papel desempeñaba en asuntos relacionados con la SEPI o con compañías donde el Estado tiene capacidad de influencia? Las respuestas siguen sin llegar mientras las dudas aumentan. Más preocupante aún es otro dato que emerge de este episodio. Buena parte de las personas que aparecen vinculadas a esas reuniones o contactos negaron inicialmente haber visto a Leire Díez o restaron importancia a su relación con ella. Sin embargo, con el tiempo se ha ido demostrando que mintieron. La gravedad del caso no reside sólo en la eventual existencia de una red de intermediación política. Lo inquietante es que determinadas decisiones, conversaciones o iniciativas podían discurrir por canales ajenos a los procedimientos formales de la Administración. Lo que aparece no es una caja B, sino un gobierno en B. Las democracias liberales se sostienen sobre reglas, responsabilidades y mecanismos de control. Cuando proliferan las figuras oficiosas, los emisarios y los operadores que parecen actuar en nombre de un poder superior sin rendir cuentas ante nadie, la frontera entre partido e instituciones comienza a difuminarse peligrosamente. El Gobierno y el PSOE tienen la obligación de ofrecer explicaciones completas y proceder legalmente contra los «farsantes» que supuestamente han actuado en su nombre. Y debe hacerlo porque en política, como en la vida, el que calla otorga. La ciudadanía merece saber quién encargaba esas gestiones, a quién rendía cuentas Leire Díez y por qué personas con altas responsabilidades públicas mantuvieron relaciones que después negaron. Porque si algo sugieren estos cuadernos es la existencia de una red informal de influencia que operaba en paralelo a los mecanismos institucionales y administrativos. Y si esa percepción terminara consolidándose sin una respuesta clara y creíble, el daño no recaería únicamente sobre un partido o un Gobierno, sino sobre la confianza de los ciudadanos en la neutralidad del Estado y en la limpieza de sus instituciones.
