Defensoría ordenó el recojo masivo de actas de sufragio el día de la votación, alertan su sindicato
El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (Sitradep) cuestionó la actuación que desplegó esta institución el domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta electoral.
Según señalaron en un comunicado, ese día se ordenó 'la recolección sistemática y a escala nacional de actas de sufragio de la totalidad de mesas de votación', tomando atribuciones que le competen únicamente a la ONPE y al JNE.
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'Si bien la Defensoría no tiene prohibida la recepción de documentación en el ejercicio de sus funciones supervisoras, la escala, la metodología y el propósito declarado de dicha recolección en el presente proceso trascienden los límites propios de la supervisión y configuran una actuación paralela a la de los organismos electorales competentes, sin sustento en norma habilitante alguna', se lee.
Además, alertaron sobre la presencia de voluntarios y personal externo en actividades de campo vinculadas al proceso electoral.
Ese despliegue se realizó, indican, 'en condiciones que no han contado con la cobertura de riesgos ni con los protocolos de seguridad y de salud en el trabajo que son exigibles a cualquier entidad del Estado que disponga la movilización de personas en el ejercicio de sus funciones'.
También mostraron su disconformidad con la publicación sobre un supuesto fraude electoral que realizó la Defensoría en sus redes sociales oficiales y que luego fue desmentido por el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien pidió no adelantar pronunciamientos.
El sindicato resaltó que se trata de 'comunicaciones públicas formuladas antes de que los organismos electorales constitucionales hubieran concluido sus procedimientos de verificación y resolución'.
A su vez, comunicaron que hubo jornadas que excedieron los límites legales.
Por ello, solicitaron 'que se deje sin efecto cualquier disposición interna que exija al personal el cumplimiento de jornadas que excedan los límites legales, sin la observancia de los procedimientos normativos correspondientes'.
Que 'se respeten de forma irrestricta las atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales como únicos organismos constitucionalmente habilitados para la fiscalización, calificación y resolución de los asuntos relativos al proceso electoral en curso'.
Y que la institución emita 'una comunicación pública que reestablezca con claridad el alcance constitucional de sus funciones en materia electoral, a fin de contribuir a la preservación de la confianza ciudadana en el sistema electoral y en la propia institución'.