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Sánchez limita su respuesta a su propio cortafuegos penal

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, fijó ayer por primera vez un cortafuegos personal ante la explosión judicial del llamado «caso cloacas», la investigación sobre la presunta trama articulada desde el corazón orgánico del PSOE para intentar interferir en las pesquisas policiales y judiciales que afectan al partido, al Gobierno y al propio presidente.

El jefe del Ejecutivo se desvinculó de manera tajante de las actuaciones atribuidas al ex secretario de organización Santos Cerdán y a la exmilitante socialista Leire Díez. «Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado», afirmó. Más que una explicación política, la declaración sonó a una delimitación de responsabilidades. Sánchez no entró a valorar el contenido de las investigaciones. Tampoco discutió los indicios conocidos hasta ahora.

Simplemente fijó una posición: su total desconocimiento y su rechazo expreso a cualquier actuación desarrollada al margen de la legalidad. La intervención del presidente se produjo en pleno agravamiento de una crisis que no ha dejado de crecer desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara la sede federal del PSOE. Con cada nueva revelación, el perímetro político del caso se ha ido ampliando hasta alcanzar de lleno al Ministerio del Interior y a la propia dirección general de la Guardia Civil.

De hecho, uno de los episodios más delicados de las últimas horas ha afectado directamente a Fernando Grande-Marlaska. El ministro negó inicialmente que hubieran existido reuniones entre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez. Sin embargo, los informes incorporados al sumario reflejan la existencia de al menos tres encuentros.

La Moncloa acabó corrigiendo su versión y admitiendo esos contactos, aunque insistiendo en que todos respondieron a una relación de carácter estrictamente personal.

La rectificación ha debilitado la posición política de la cúpula de Interior justo cuando la investigación judicial estrecha el cerco sobre los protagonistas de la trama. Y explica también por qué Sánchez optó por levantar un parapeto propio: cuanto más crece el alcance del caso, más necesaria resulta para el presidente una línea de separación nítida entre su figura y las actividades que ahora investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

El propio Marlaska fue ayer el primer ministro que elevó la categoría de la crisis. El titular de Interior se refirió las operaciones urdidas en el PSOE –partido en el que no milita– como las propias de una «trama» cuyas actuaciones, en caso de demostrarse veraces tras el proceso judicial, constituyen hechos de «enorme gravedad». La importancia de las palabras elegidas por el presidente reside precisamente en aquello que niega.

El líder socialista no se limitó a asegurar que nunca participó en las maniobras investigadas. Rechazó haber tenido siquiera conocimiento de ellas. Una precisión nada casual. Porque la línea de defensa que ha construido Moncloa no pasa por justificar lo ocurrido, sino por sostener que el jefe del Ejecutivo jamás supo lo que estaba ocurriendo. Sánchez no discutió los hechos.

Discutió su conocimiento de los hechos. Y esa diferencia resulta crucial tanto en el terreno político como en el judicial. Solo Cerdán podría confirmar si el presidente lo sabía, pero el exsecretario de Organización está negando toda la operación y ayer insistió en esa idea a través de sus abogados. Las fuentes consultadas en Moncloa reiteran que el presidente nunca supo nada. No se bajan de ahí. Tanto en público como en privado.

De hecho, hay quien pone encima de la mesa las palabras de Emiliano García-Page. «Hasta él ha admitido que Leire y compañía pudieron liar la que liaron sin el concurso del presidente del Gobierno», apostilla un destacado miembro del Gobierno. Sánchez, a quien la UCO considera el «one» [jefe o uno, en inglés] al que hacen referencia las comunicaciones internas de la trama y en las que manifiestan que está al corriente de todo, apuntó que el PSOE está estudiando la situación para ver si se querella contra Leire Díez.

El partido lleva los últimos días tildando a la exmilitante y a Santos de «farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso».

El presidente trató, además, de establecer una frontera entre el «caso cloacas» de su partido y los episodios de utilización partidista de las instituciones que atribuye al PP [en referencia a la trama «Kitchen»].

Sánchez evocó la investigación policial sobre las saunas de su suegro cuando encabezaba la oposición para sostener que él fue víctima de las denominadas «cloacas del Estado» y que, a diferencia de lo ocurrido durante los gobiernos de Mariano Rajoy, su Ejecutivo no emplea los aparatos del Estado contra adversarios políticos ni para interferir en investigaciones judiciales. Con ese argumento, reivindicó la limpieza de su Gobierno y denunció que la oposición pretende eclipsar la gestión económica y social de la legislatura mediante una ofensiva política basada en «malas artes».

Pero el presidente, ante el creciente malestar interno en el seno de su organización, dio un portazo. Sánchez rechazó de lleno la posibilidad de convocar las elecciones generales para hacerlas coincidir con los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2027. El presidente dijo que le parece importante «que los alcaldes tengan su propio debate».

Fuentes socialistas de varias agrupaciones lamentan, en conversación con este diario, que su líder esté dispuesto a abandonar a los candidatos municipales y autonómicos para que sufran en solitario el desgaste de los escándalos responsabilidad de la dirección socialista.

Por eso, algunos sostienen que, en ese caso, «estaría bien que el presidente adelantara las elecciones generales para que él también tenga su propio debate antes». Toda una invitación a que se inmole él solo y no mate a la infantería, como refiere Page cada vez que tiene ocasión.

Lo cierto es que cada vez se escuchan más voces en el partido reclamando a Sánchez que dé un paso a un lado y permita una transición ordenada. Los últimos, un grupo de cien militantes, que difundieron a través de un manifiesto la necesidad de que Pedro Sánchez renuncie a la candidatura del partido a la presidencia del Gobierno, porque ven su ciclo «agotado».

Estos socialistas, que ya están poniendo su nombre y apellido encima de la mesa, no quieren que Sánchez convierta el partido en una herramienta de salvación personal. Pero no parece que el líder socialista vaya a atender dichas reclamaciones.

No obstante, ayer saludó el debate interno. Por eso, conminó a todo aquel que tenga algo que decir a que se pronuncie el Comité Federal del próximo 27 de junio, en la sede de Ferraz.

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