Moncloa reta al PNV a unirse a Vox para acabar la legislatura
Existe una grave crisis de confianza entre el PSOE y sus principales socios parlamentarios tras un incesante goteo de escándalos que culminó el miércoles con la entrada de la Guardia Civil en la sede federal de la madrileña calle de Ferraz por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Aunque algunos aliados de los socialistas, como el PNV, llevan varios días –desde que trascendió la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero– enviando amenazas al Palacio de la Moncloa. Los jeltzales dieron ayer por muerta la legislatura. Hace unos días, su líder, Aitor Esteban ya advirtió al presidente del Gobierno que sería «irresponsable» alargar hasta 2027. Y ayer redobló la presión. Pero descartó que sumar votos a una hipotética moción de censura.
Por ello, fuentes gubernamentales consultadas por este diario no esconden su hastío. En el núcleo duro del Ejecutivo se sienten víctimas de una cacería de la derecha. De manera que la presión política de sus socios molesta en Moncloa.
«¿Qué van a hacer? ¿Van a votar junto con un partido que les quiere ilegalizar? [en referencia a Vox] No lo van a hacer... Que dejen de molestar. El presidente tiene ánimos de sobra. Va a resistir. Nos ha pedido resistir. La legislatura terminará en 2027. Y si en el Congreso hay quienes no quieren que así sea, ya saben lo que toca: moción de censura. Eso sí, luego que se lo expliquen a los suyos», concede a este diario un peso pesado del Ejecutivo.
Lo cierto es que el presidente, como explicitó en Roma tras verse con el Papa el mismo miércoles que la sede del PSOE fue registrada, no tiene en mente la disolución de las Cortes, porque no quiere desestabilizar al país por una serie de casos de corrupción –los que afectan a su entorno directo– que o bien considera una invención para derribarle o bien ya ha resuelto con «contundencia». Por eso, el presidente no comparte, como consideran sus socios, que los ciudadanos deban pronunciarse en las urnas antes de tiempo.
Los socios del Gobierno pusieron hace un año la línea roja del apoyo en la financiación irregular del PSOE. Todo lo que pase de ahí supondría la caída de Sánchez. O eso se han casado de repetir hasta la saciedad. Pero el convencimiento de que no hay tal irregularidad es lo que lleva al Gobierno a no tomarse en serio las advertencias no solo del PNV, tampoco de Junts, Podemos e incluso de Sumar.
Todos los grupos que votaron a favor del líder socialista en 2023 se distancian de las cloacas del PSOE para no terminar contaminados, pero, a la vez, ninguno quiere ser el responsable de propiciar la llegada del PP al poder, porque el advenimiento de los populares les alejaría de su principal objetivo: cambiar el rumbo del Estado. Lo cierto es que la dichosa moción de marras no está encima de la mesa.
En el círculo más próximo a Pedro Sánchez, tanto en Moncloa como en los sectores más alineados con el presidente dentro del PSOE, persiste la convicción de que existe una ofensiva político-judicial impulsada desde ámbitos conservadores con el objetivo de desalojar a los socialistas del poder. De hecho, dirigentes del entorno presidencial ponen el foco incluso sobre las unidades policiales encargadas de recopilar la documentación remitida a la Audiencia Nacional.
Mientras, Sánchez solicitó ayer comparecer ante el Pleno del Congreso para «informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas». La Cámara Baja decidirá la fecha de una cita que han pedido ERC, Podemos, BNG y Compromís.