El Gobierno respira: el Tribunal Supremo rechaza suspender la regularización de inmigrantes
El Tribunal Supremo se niega a suspender de forma cautelar el proceso de regularización de inmigrantes. Fuentes del alto tribunal señalan que la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado la medida que reclamaban la Comunidad de Madrid, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia.
Los magistrados han dado la razón a la Abogacía del Estado al no reconocer legitimación para recurrir la iniciativa a ninguna de las tres asociaciones recurrentes. Y aunque sí admite la del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y Vox, deniega su petición de paralización cautelar ante lo que consideraban perjuicios irreparables de mantenerse en vigor la medida hasta que el Supremo resuelva sus recursos.
Las resoluciones se notificarán en los próximos días, según informan esas mismas fuentes. Hazte Oír ya ha anunciado su intención de recurrir la negativa de la Sala, que como a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia, le deja fuera del procedimiento contra el decreto que avala la regularización.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha asegurado en la vista celebrada esta mañana en el Supremo que la norma "no tiene parangón con ninguna de nuestra historia reciente" y que en el ámbito de los países de nuestro entorno "no existe tampoco una norma como la que aquí impugnamos". Su alcance, ha incidido tras recordar que puede afectar a entre medio millón y 750.000 personas, incluso más allá del millón, "es de una magnitud muy relevante", con su correlativa "incidencia en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid".
Los argumentos de Madrid
En lo que afecta a Madrid, ha estimado que podrían beneficiarse de la regularización al menos 250.000 personas. El abogado del Gobierno regional ha aludido, por ejemplo, a la necesidad de expedir las tarjetas sanitarias: "Si se cuenta ya de manera estable con 250.000 personas más, la adaptación debe hacerse de manera inmediata, lo que no podrá revertirse en el futuro". Y a este respecto ha avisado del "consiguiente impacto" en las listas de espera, anticipando el "colapso" que se puede producir en la Sanidad madrileña.
Respecto a las oficinas de empleo, ha asegurado que se prevé que hasta 90.000 personas más vayan a acceder a esos servicios, por lo que Madrid debe prepararse desde ya si no se paraliza la regularización.
Por ello, ha rechazado que, como mantiene el Gobierno en el expediente que avala la medida, no se aprecie "ningún impacto presupuestario" en las distintas administraciones por la regularización, algo que considera "grosero" pues ve "extremadamente grave" el efecto en las arcas públicas. Razones que veía suficientes para paralizar al menos los efectos jurídicos de la regularización.
La Abogacía del Estado, en contra
Por el contrario, la Abogacía del Estado se posicionó en contra de la paralización cautelar, porque en su opinión no se cumplían los requisitos para acordarla. Y al mismo tiempo, se esforzó en disipar cualquier sospecha de que la regularización masiva busque alterar el censo electoral de cara a las próximas generales: "En ningún caso ninguna de estas persona va a poder acceder a votar en las próximas elecciones".
El representante de los Servicios Jurídicos del Estado puso de relieve que "el perjuicio que se causa por la suspensión es superior al interés que se alega" por los recurrentes, que ha calificado de "meramente abstracto o general".
Por ello, abogó por la necesidad de preservar los intereses generales y defendió que la medida impulsada por el Gobierno quiere "lograr la integración de personas que ya están en España, y ya tienen un arraigo, desde el 1 de enero de 2026 y que acreditan haber estado en los cinco meses anteriores".
El abogado el Estado apeló a "la situación de vulnerabilidad" de los solicitantes y al "reto de la integración social" que persigue la iniciativa. Asimismo, hizo hincapié en sus "importantes efectos para la economía española".
Los argumentos de Vox y Hazte Oír
También había pedido la suspensión cautelar Vox, que en la vista había advertido de la existencia de "perjuicios de difícil o imposible reparación" si se mantenía vigente la medida. Su letrado, Jorge Buxadé, lamentó que con el decreto se esquive "de facto un debate parlamentario" sobre la idoneidad de la regularización.
La representación de la formación de Santiago Abascal ha puesto de relieve el "incremento brutal y no justificado del gasto social" que según su criterio acarrea la medida, insistiendo en que "no es verdad" que no suponga una carga adicional para el Estado porque ya están residiendo en España y beneficiándose de los servicios públicos. Hasta ahora, ha precisado, solo pueden acceder a las "atenciones sociales básicas".
"¿Por qué tan rápido? ¿Por qué esta urgencia?", se preguntó en voz alta el abogado de Vox respecto al objetivo del Gobierno de "agilizar" la concesión de permisos de residencia.
También para Hazte Oír se cumplían "todos los requisitos" para acordar la suspensión. Para su abogado, Javier María Pérez-Roldán, de negar la paralización -como finalmente ha sucedido- se produciría "una regularización con efectos consolidados", lo que convierte en "ineficaz" el recurso contra la medida. "Se va a producir un arraigo que permitirá luego otros procesos de regularización" para los solicitantes en caso de que no prospere su petición en este momento, incidió el letrado.
Hazte Oír se quejó de la "arbitrariedad" y "desproporción" del decreto, haciendo hincapié en que "la vulnerabilidad se entiende cumplida por el solo hecho de la situación irregular" del solicitantes.
"Automatización administrativa"
En esa misma línea, el abogado de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Francisco Javier Zaragoza, manifestó que no están en contra de ninguna regularización, pero al mismo tiempo insistió en la necesidad de acreditar un certificado de antecedentes penales y se quejó del reconocimiento "sin más" de la vulnerabilidad, orillando "la incorporación efectiva al mercado laboral", lo que considera una "falta de rigor". Respecto a esa presumible falta de arraigo, destacó que "solo el diez por ciento" de los solicitantes pueden acreditar un contrato de trabajo (a lo que una de las asociaciones demandadas replicó que muchos sí trabajan pero sin contrato al carecer de papeles).
"La automatización administrativa no puede sustituir una valoración individualizada cuando de ella depende el acceso a una autorización extraordinaria de residencia", remarcó el letrado, que matizó que no se trata de un debate político, "sino jurídico".
En su réplica, el abogado del Estado sostuvo sin embargo que "sí se exige el certificado de antecedentes penales" y "en caso de no poder aportarlo, se da un plazo al solicitante, quedando "desistida la petición" una vez transcurrido sin acreditarlo. Del mismo modo, cuestionó que la vulnerabilidad se reconozca de forma automática.
Por último, Libertad y Justicia -que como Hazte Oír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica defendió su legitimación para recurrir la regularización e instar la suspensión- denunció que "un decreto no puede ser utilizado para modificar por la puerta de atrás la Ley de Extranjería", algo que según su criterio "tendría que haber pasado por el Parlamento".