La declaración de Zapatero ante el juez, en el aire
Amenos de dos semanas de la fecha en que José Luis Rodríguez está citado como investigado en la Audiencia Nacional, sobre la declaración del expresidente del Gobierno planea un interrogante. Zapatero ya ha designado abogado –el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena– y así se lo ha hecho saber por escrito, según fuentes jurídicas, al juez José Luis Calama. Pero dada la complejidad de la causa y sus abundantes ramificaciones empresariales, también en el extranjero, y –sobre todo– las graves imputaciones que el magistrado atribuye al exlíder del PSOE, todo apunta, según las fuentes consultadas, a que su defensa puede pedir un aplazamiento de la comparecencia para preparar mejor su defensa. En ese caso, no obstante, la decisión al respecto depende del juez instructor.
En sustento de esa decisión, la constatación de que Zapatero tendrá que afrontar una vistilla ante la anunciada intención por parte de algunas acusaciones populares de solicitar la adopción de medidas cautelares para el expresidente del Gobierno.
No en balde, Hazte Oír y Vox tienen pensado solicitar al juez que retire el pasaporte a Zapatero y le prohíba salir de España (la primera asociación, además, quiere que se le obligue a comparecer cada quince días en el juzgado). Todo para conjurar lo que consideran un elevado riesgo de fuga.
Pero Iustitia Europa va más allá, pues su presidente, Luis María Pardo, ya ha adelantado que pedirá prisión provisional para el expresidente, a quien el juez sitúa en la cúspide de una supuesta trama de tráfico de influencias para decantar a favor de empresarios decisiones de la Administración –con el rescate de Plus Ultra como bandera– «a cambio de contraprestaciones económicas».
Ábalos pidió más tiempo tras cambiar de abogado
Ante ese escenario, y dado que restan apenas doce días para que Zapatero tenga que acudir a la Audiencia Nacional a declarar como investigado, su abogado puede instar ese aplazamiento argumentando que de otro modo –si tiene que acudir el 2 de junio a ejercer la defensa del exlíder socialista sin tiempo para instruirse adecuadamente de la causa– se vulneraría su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva.
Precedentes hay, y bastante próximos, de peticiones similares, aunque originadas por un cambio de letrado. Sin ir más lejos, el exministro José Luis Ábalos reclamó al Tribunal Supremo el pasado enero, tras cambiar de abogado, que aplazara la vista en la que se revisaba su prisión provisional para dar tiempo a estudiarse la causa. Pero el alto tribunal desestimó la petición del extitular de Transportes y le obligó a comparecer con el letrado que ya había renunciado a su defensa, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista.
Antes, en octubre de 2025, y a solo dos días de declarar en el Tribunal Supremo, también había roto con su abogado, José Aníbal Álvarez, pero el Supremo apreció fraude de ley y rechazó esa renuncia, por lo que el exministro –que evitó la prisión– se acogió a su derecho a no declarar alegando indefensión.
Decisión sobre las acusaciones populares
Ahora, está por ver la decisión que pueda adoptar el juez Calama si finalmente la defensa de Zapatero da ese paso y pide más tiempo para preparar esa comparecencia clave para el exministro.
Otra opción, en todo caso, pasa porque el expresidente del Gobierno sí acuda a su cita judicial y se acoja a su derecho a no declarar por consejo de su abogado, a la espera de que el letrado pueda preparar su defensa (cualquier investigado tiene derecho a declarar ante el juez en todo momento durante la instrucción del procedimiento judicial).
Al margen de este escenario, por ahora hipotético, el juez Calama tendrá que tomar otra decisión procesal de relevancia respecto a las acusaciones populares (PP, Vox, Manos Limpias y Hazte Oír hasta ahora, aunque Iustitia Europa y Liberum ya han solicitado también personarse). En primer lugar, si opta por agruparlas para evitar dilaciones indebidas del procedimiento. Y, sobre todo, a quién sitúa al frente de todas ellas (normalmente, la primera en personarse o en formalizar la fianza, en este caso de 5.000 euros, cantidad que varias ya han consignado). Si es el PP (como sucede en el «caso Koldo») o Vox (que ya lideró durante meses a la acción popular en el «caso Begoña Gómez»), desde el PSOE redoblarán sus ataques a los jueces agitando la bandera de la politización de la Justicia (olvidando, por ejemplo, que la formación ejerció la acusación en el «caso Gürtel» que precipitó la moción de censura contra Rajoy).