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Del «lawfare» a la cautela: los ministros se ponen de perfil tras el auto del juez Calama sobre Zapatero

Las caras de algunos ministros del Gobierno eran ayer un poema. El presidente, Pedro Sánchez, entró al Congreso de los Diputados acompañado del titular de Hacienda, Arcadi España, el último en llegar al Consejo de Ministros. Sánchez encaró, nada más entrar al hemiciclo, una de las sesiones de control al Gobierno más difíciles de su tiempo.

Su antecesor y guía moral del socialismo, José Luis Rodríguez Zapatero, había sido imputado apenas 24 horas antes por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Justo en ese lapso se dio a conocer el auto en el que el togado detalla, en 83 páginas, que tiene indicios relevantes y consistentes para sospechar que Zapatero puede ser el «líder de una trama» corrupta.

Las páginas del juez provocaron un terremoto en Moncloa. En apenas un día, buena parte del Ejecutivo moduló su posición. En un primer momento, tanto el PSOE como el Gobierno, a través de su portavoz, Elma Saiz, deslizaron la idea de que la investigación abierta al expresidente era un caso más de «lawfare». De hecho, la portavoz rescató el mismo argumentario que Moncloa escribió cuando estalló el caso que afecta a la mujer de Pedro Sánchez, al situar erróneamente el origen de las pesquisas al expresidente Zapatero en una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Aunque en verdad se iniciara por la propia Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes gubernamentales consultadas por este diario admiten el mazazo que ha supuesto el auto, que consideran «sólido», «armado» y al que, en definitiva, no pueden no dar credibilidad, aunque a la vez hacen un llamamiento a la «calma». Toca esperar que avance la instrucción y que aparezcan pruebas que apuntalen el presunto comportamiento delictivo de Zapatero. En Moncloa son conscientes de que el juez Calama tiene una reputación y un prestigio dentro de la carrera judicial que le diferencia del juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez. De manera que el argumento del golpe de togas cae.

Y eso que el PSOE es un partido fracturado entre los decepcionados, en estado de shock, y los que, radicalizados, defienden en los chats y en los grupos internos que la investigación a Zapatero es un ataque de la derecha. «Cabe preguntarse, y es una pregunta pertinente, por qué al único expresidente al que se investiga es al que ayuda a este Gobierno», zanja un socialista. Pero el sentimiento en el partido va por barrios.

La mancha sobre Zapatero ha mutilado el ánimo general de una organización que tiene al expresidente como un faro moral, como un referente. El propio Sánchez pidió el lunes a la dirección socialista «defender el buen nombre» del expresidente, aunque ayer en el Congreso eludió defender su abiertamente su honradez. Se limitó a sacar pecho de su legado político y a trasladarle todo su «apoyo». Los socialistas están desolados y «decepcionados», porque creen que la causa que afecta a Zapatero, que puede alargarse años, sumado al resto de casos que tienen cercado al Gobierno, ha dinamitado por completo la credibilidad del partido ante los españoles. El miedo que recorre las casas del pueblo de España es la larga travesía por el desierto a la que creen que están condenados. El presidente del Gobierno está decidido a culminar la legislatura pese a la crisis política que enfrenta tras ver como caían, poco a poco, hombres de su máxima confianza.

En el PSOE, de hecho, hay quienes admiten que el Gobierno se ha equivocado al querer vincular la investigación de Zapatero con «lawfare». Cabe reseñar, en cualquier caso, que ningún ministro ha pronunciado la palabra de marras, pero el Gobierno sí ha dado a entender que se trataba de eso. El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias alimentó esa tesis cuando se enteró de la «caso Zapatero». Pero el auto lo ha cambiado todo. Hasta el punto de que la secretaria general de los morados, Ione Belara, reconoció ayer estar «preocupada».

De pronto, desapareció la tesis del golpe de togas que Moncloa lleva años replicando, desde que el juez Peinado abrió diligencias contra Begoña Gómez. El PSOE, mientras, es un hervidero. Las fuentes consultadas explican que, por el momento, no habrá «movimientos» de contestación interna. «Primero, el partido tiene que recuperarse del shock. Si acaso, cuando se celebre el comité federal [el 27 de junio], habrá quien saque el tema.

Todo esto, sumado al golpe de las andaluzas, es mortal», concede una veterana socialista. Otras fuentes gubernamentales admiten que ha habido un error de cálculo. «Nadie se esperaba un auto tan duro», concede un alto cargo en Moncloa. En verdad, nadie se esperaba que Zapatero pudiera estar salpicado en un asunto que la mayoría de los socios del Gobierno coincidieron en catalogar como «feo», y por el que esperan con ansia explicaciones serias.

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