Hacienda redobla la presión fiscal sobre las empresas: la recaudación se dispara un 60%, 15.639 millones de euros más en cinco años
El Gobierno continúa elevando la presión fiscal sobre las empresas y disparando los ingresos tributarios a través del impuesto de Sociedades. Así, la recaudación de este impuesto ha aumentado un 60% en los últimos cinco años, situándose en el cierre 2025 -el último año fiscal completo- por encima de los 42.000 millones de euros, 15.639 millones de euros más en solo cinco años, convirtiéndose en el tercer impuesto en recaudación del sistema tributario, que se unen a los 142.466 millones de euros que ha sumado la recaudación por IRPF, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al ejercicio anterior, y los 99.532 millones por IVA, en un contexto en el que los ingresos tributarios totales del Estado crecieron un 10,4%.
Así lo han confirmado los expertos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que han analizado las principales cifras del impuesto de Sociedades y las novedades aplicables en esta campaña y en la próxima, como el aumento del porcentaje de la reducción de la reserva de capitalización del 15% al 20%, llegando hasta el 30% si se incrementa de un año a otro el empleo, a condición de que se mantenga el incremento durante tres años, así como la reducción de tipos para micropymes o la libertad de amortización por compra de vehículo eléctrico.
Los economistas del REAF han lamentado que los datos fiscales del impuesto de Sociedades "se ponen a disposición del contribuyente muy tarde" y que el modelo de liquidación se publica muy cerca de la fecha de presentación, lo que dificulta la labor tanto al propio contribuyente como a los asesores fiscales. Asimismo, preocupa la falta de criterios "asentados" para las operaciones de reestructuración, que puede llevar "al traste" a muchas sociedades si finalmente no encuentran amparo. El presidente del REAF, Agustín Fernández, ha incidido en que "al presentar el impuesto sobre Sociedades resulta esencial aplicar correctamente los beneficios fiscales y ajustes oportunos como la libertad de amortización o las operaciones a plazo, ya que, si no se ejercitan al presentar la declaración, pueden perderse", ya que se interpreta por los tribunales que son "opciones que solo pueden ejercerse en ese momento".
Los economistas han recordado que las pymes deben "planificar operaciones para rebajar la factura fiscal, como adelantar inversiones o gastos en 2026 o diferir ingresos a periodos impositivos posteriores" en un contexto de bajada de tipos de gravamen, por lo que, "otro año más, los grupos que consolidan solo podrán compensar las bases imponibles negativas de las entidades del grupo en un 50%". No obstante, celebran que "para 2026 no se haya prorrogado esta limitación aún".
Los expertos del REAF han comentado 25 recomendaciones orientadas a mejorar la planificación fiscal y optimizar la tributación dentro del marco legal vigente, además de exponer algunas tendencias relevantes en el comportamiento de los contribuyentes, como es la progresiva pérdida de atractivo fiscal de los planes de pensiones, cuyo uso continúa descendiendo en los últimos ejercicios. Especial atención pusieron en la existencia de determinadas magnitudes fiscales que llevan años sin actualizarse, lo que provoca "distorsiones en la tributación efectiva de los contribuyentes", tanto en el IRPF como en Sociedades, sobre todo en las más pequeñas.
Como ejemplo, señalaron el límite absoluto exento de impuestos del abono transporte (actualmente fijado en 1.500 euros/año) que deberían superar los 2.100 euros, el cheque comida (11 euros/día) que debería ser de cerca de 14 euros, o la cuantía por manutención, que actualizada debería estar en 38 euros, en lugar de 26,27 euros. “Estos límites no se han revisado en línea con la evolución económica, lo que reduce su efecto real en la tributación”, afirman los expertos, que denuncian que en la mayoría de los casos han quedado por debajo de referencias como el salario mínimo.
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha advertido de "la inseguridad que genera que estas prórrogas se articulen mediante reales decretos, ya que algunos de ellos no llegan a convalidarse, lo que genera dudas y confusión, hasta que los beneficios fiscales son finalmente aprobados por el Parlamento". Por su parte, Fernández ha alertado, una vez más, de que "los recientes criterios administrativos sobre el régimen FEAC (Régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social) pueden generar inseguridad jurídica, dificultar las reorganizaciones empresariales aun cuando tengan motivos económicos válidos y aumentar la litigiosidad".