Los policías avisan de que las mafias dan papeles «perfectos» a los inmigrantes
Las mafias que negocian con la vida de los inmigrantes para traerlos a España están profesionalizando sus formas de actuar. La Policía Nacional ha detectado que estos grupos criminales ofrecen documentanción «perfecta» a través de canales de Telegram y Facebook para que los extranjeros puedan justificar el arraigo de cinco meses necesario para beneficiarse de la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno.
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Prieto, expuso ayer en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados las principales conclusiones a las que ha llegado su organización durante los primeros meses en los que ha estado en marcha el proceso burocrático. Prieto es uno de los expertos citados por el PP en la Ponencia de la comisión. «La repercusión más directa derivada de que el informe policial no sea preceptivo» es que provoca que «los individuos con multirreincidencia y órdenes de detención internacional podrán acceder a la regularización» y que «se validará la residencia de sujetos cuya trayectoria delictiva en origen es inalcanzable para la Administración española» en el periodo que se ha establecido para que se aprueben los papeles de los extranjeros.
Prieto presentó ante sus señorías un documento de 16 páginas en los que se abordan los mayores problemas a los que se enfrenta la Policía Nacional, pero también los puntos que más afectan a la seguridad del país. Sobre la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), que se encarga de perseguir a las mafias, señala que «el desvío de efectivos» de estos equipos «para custodiar y gestionar este macroproceso administrativo debilita la capacidad de ataque contras las estructuras criminales», recalca.
Para el líder del SUP, la «tramitación urgente» del real decreto por parte del Consejo de Ministros «limita la capacidad de detección de amenazas» que corresponde a la Policía Nacional. A los agentes les preocupa especialmente la disposición transitoria quinta, que regula los conceptos de «arraigo» y de «protección internacional», ya que, según observaciones del Ministerio del Interior y el Consejo de Estado, la posibilidad de que solicitantes con expedientes de asilo activos –o denegaciones firmes– migren hacia esta vía extraordinaria, «genera una duplicidad de expedientes».
Las 750.000 solicitudes que se esperan estás provocando ya «saturación» en las delegaciones territoriales encargadas de gestionarlas, los que «trasciende la ineficiencia burocrática para transformarse en un riesgo de seguridad nacional». Para la organización sindical, existe una brecha operativa fundamental: la verificación inicial de documentos recae en personal administrativo y no en especialistas policiales. Esto permite que una identidad sea «blanqueada» por la aprobación administrativa antes de que el funcionario de Policía intervenga en la fase final. Los puntos claves de colapso están en la verificación telemática y en la emisión de las citas para el proceso, que provocan un aumento del «mercado negro» y del «fraude geográfico».
Además, ya que el real decreto establece que los antecedentes no implican una denegación automática del proceso, se crea una «discrecionalidad» administrativa que diluye la capacidad preventiva de la Policía. La vulnerabilidad del proceso se ve afectada por el fraude documental, el uso de identidades falsas, la infiltración criminal, el colapso administrativo y la insuficiencia del control migratorio y policial afectan a la seguridad ciudadana y nacional
En la sesión de este lunes de la Ponencia, a puerta cerrada, distintas fuentes parlamentarias trasladan a LA RAZÓN que el portavoz del Grupo Popular en la Comisión mixta de Seguridad Nacional, Rafa Hernando, reclamó que se paralice el proceso de regularización masiva del Gobierno, entre otras cuestiones porque la regularización masiva y sin control puede conducir al fraude y la impunidad, ya que es un «proceso improvisado» que puede provocar que «personas en prisión provisional o multirreincidentes consigan regularizarse».