El Gobierno autoriza una actualización de precios para la pública Tragsa por la guerra mientras da largas a las constructoras privadas
Desde hace dos meses, el sector de la construcción viene reclamando una actualización de las condiciones económicas de los contratos de obra pública para ajustarlas al incremento de los precios de los materiales y de la energía derivados de la guerra de Irán. Sus reclamaciones, sin embargo, no han tenido todavía respuesta por parte de la administración. Aunque otros sí que han tenido mejor suerte. La empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec han sido autorizadas de manera excepcional a aplicar esta revisión por causa de la guerra que, por ahora, el Gobierno no ha autorizado al sector privado.
Tragsa forma parte de las empresas que se conocen como medios propios. En determinadas circunstancias, como una obra de emergencia por una catástrofe natural, las administraciones recurren a estas compañías controladas también por entes públicos a las que pueden adjudicar los trabajos de forma directa y sin licitación, lo que agiliza el proceso.
Según consta en una resolución del 24 de abril de 2026 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 28 de abril, el Ejecutivo ha autorizado a Tragsa y a su filial a actualizar sus precios en dos circunstancias. Así, según relata, con el objeto de que las tarifas «se mantengan ajustadas a los costes reales del Grupo Tragsa, de manera excepcional, con motivo de la situación actual de incertidumbre económica y de variación de los precios de las materias primas, durante el mes de septiembre se podrá aprobar una actualización económica de los precios simples de materiales en tarifas, siempre que las desviaciones que se produzcan sobre la tarifa aprobada para cada tipo de materiales, arrojen una variación, al alza o a la baja, superior al 20%».
La resolución también recoge que, de manera excepcional, y con motivo de la variabilidad de los precios derivada de la inestabilidad internacional, «se acuerda flexibilizar de forma temporal el régimen de tarifas en los casos en que se produzcan licitaciones desiertas de partes del encargo objeto de contratación con terceros» siguiendo un procedimiento reglado que también detalla.
Contraste
Las concesiones a Tragsa contrastan con el silencio administrativo que mantiene por el momento el Gobierno respecto a las reivindicaciones realizadas por las patronales de la construcción Seopan, CNC y Anci. Las tres han reclamado de forma urgente en las últimas semanas una actualización de precios para evitar la parálisis de la obra pública por la subida de los costes. Julián Núñez, presidente de Seopan, ha advertido de que, si no se toman medidas para compensar estas subidas de costes, habrá obras que se paren o que, directamente, no se ejecuten. Pedro Fernández Alén, presidente de CNC, ha puesto énfasis en que la parálisis se puede extender a la vivienda. Y ANCI considera vital tomar cartas en el asunto para preservar la competitividad de un sector tan importante.
La patronal empresarial CEOE también ha salido al paso proponiendo dos tipos de medidas para conjurar el peligro de parálisis del sector. Con carácter estructural, propone una reforma normativa que recupere la obligatoriedad de la revisión de precios para todos los contratos públicos y que incluya el coste de la mano de obra entre los conceptos revisables.
Con carácter coyuntural y urgente, la reactivación del mecanismo de revisión excepcional de precios establecido en el Real Decreto-ley 3/2022, mediante una reforma de su redacción que permita su utilización, de manera automática y eficiente, para atender el actual «shock» de precios derivado del conflicto en Oriente Medio.